CSIF exige al Gobierno eliminar la tasa de reposición y un nuevo acuerdo salarial

  • Tecnologías de la Información

8 de julio de 2025

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige al Gobierno que elimine la tasa de reposición en las ofertas de empleo público, se dé solución al abuso de la temporalidad, y al posible fraude de ley.

Nuestra organización considera que se deben adoptar estas medidas tras el recorte de fondos a España por parte de la Comisión Europea, entre otros motivos por incumplir el mandato de reducir la temporalidad, que sigue estancada en el 30 por ciento (el triple que en el sector privado), pese a que la Ley establece el límite en el 8 por ciento.

CSIF ya avisó de que estaban abiertos sendos expedientes por esta causa y que se estaban preparando sanciones millonarias. Bruselas suspende 1100 millones de los fondos europeos de recuperación para España, de los cuales 626 millones se corresponden por no cumplir el mandato de reducir la temporalidad al 8% en diciembre de 2024.

La tasa de reposición impide a las administraciones cubrir las necesidades de los distintos servicios y les obliga a recurrir a puestos temporales, “engordando” las plantillas de las administraciones por necesidades estructurales, y que la ley no permite convocar, ya que solamente se autorizan los puestos que han quedado vacantes por jubilaciones.

CSIF se ha dirigido al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública para abordar los problemas que afectan a nuestras administraciones públicas y las condiciones laborales, entre ellas la temporalidad y la congelación de las nóminas, dado que aún no se ha negociado un nuevo acuerdo salarial.

De manera paralela, CSIF retomará las movilizaciones. El Gobierno debe una subida mínima del 2,8 por ciento para acompañar los sueldos al IPC registrado el año pasado. En este sentido, calculamos que estaría pendiente una subida media por categorías de 374 euros a cada empleado público, por lo que el Gobierno estaría reteniendo unos 1.112 millones de euros.

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