CUANDO LA POLÍTICA DE COLOCACIÓN SE IMPONE SOBRE LA SEGURIDAD EN SOGRANDIO

CUANDO LA POLÍTICA DE COLOCACIÓN SE IMPONE SOBRE LA SEGURIDAD EN SOGRANDIO

Desde CSIF queremos denunciar la situación crítica a la que este gobierno quiere llevar al centro de responsabilidad penal de menores Sograndio.

En el centro de responsabilidad penal de menores “Sograndio” el riesgo puede alcanzar niveles máximos si se continúa por la senda que actualmente pretende imponer la Administración. En estos momentos se plantea la creación de plazas de educador como personal funcionario, cuando históricamente y en la práctica la totalidad de estos puestos han sido desempeñados por personal laboral.

La conversión de estas plazas en puestos funcionariales restringidos a una única titulación (la de Educación Social) tendría consecuencias profundamente injustas y preocupantes. En la actualidad, tanto los trabajadores que prestan servicio en el centro como las personas que integran las bolsas de empleo proceden de diversas titulaciones, siendo precisamente la de educador social minoritaria entre quienes cuentan con experiencia real en el ámbito. De llevarse a cabo esta decisión, buena parte de profesionales con años de trabajo y conocimiento acumulado quedarían automáticamente excluidos del acceso a esas plazas.

El resultado sería tan absurdo como alarmante: la Administración se vería obligada a recurrir al Servicio Público de Empleo, para cubrir puestos que hoy desempeñan personas con experiencia acreditada. Una decisión de este tipo difícilmente puede interpretarse de otro modo que, como un intento de abrir una puerta trasera para la colocación de determinados perfiles previamente seleccionados, sin respetar los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

Más grave aún resulta que la propia Viceconsejera de Justicia haya emitido un informe desfavorable respecto a la creación de plazas limitadas exclusivamente a educadores sociales. Pese a ello, la Vicepresidencia del Gobierno parece dispuesta a ignorar ese criterio técnico. Surge entonces una pregunta inevitable: Desde CSIF nos preguntamos ¿por qué?

La respuesta inquieta. El Presidente del Gobierno autonómico ostentan la condición de Presidente Honorífico del Comité de honor de la Facultad de Padre Ossó, donde hasta el momento es la única Universidad presencial de Asturias que ofrece la formación en  Educación Social, lo que introduce un evidente conflicto entre el interés general y determinadas afinidades corporativas. Cuando decisiones de esta trascendencia se adoptan al margen de informes técnicos y de la realidad del propio servicio, la sospecha de que se pretende favorecer a determinados círculos profesionales resulta difícil de disipar.

Lo verdaderamente preocupante es que, en todo este proceso, no parece estar en el centro del debate la seguridad ni el bienestar de los menores, ni tampoco la protección de los trabajadores que cada día desempeñan su labor en un entorno complejo y exigente. El centro de Sograndio no es un destino administrativo cualquiera: es, en la práctica, un centro de internamiento de menores donde se cumplen medidas judiciales y la experiencia, la formación práctica y el conocimiento del contexto resultan esenciales.

Pretender que accedan a estos puestos personas sin experiencia previa, en contra de informes técnicos y desplazando a profesionales que llevan años trabajando en el sistema, supone asumir riesgos innecesarios tanto para los menores como para el propio personal.

Cuando la gestión pública se aleja de los criterios técnicos y del interés general para acercarse a la lógica del clientelismo y la colocación de afines, la Administración deja de servir a la ciudadanía para convertirse en un instrumento de poder al servicio de unos pocos.

La sociedad asturiana merece explicaciones. Y, sobre todo, merece que las decisiones que afectan a espacios tan sensibles como el centro de menores de Sograndio se adopten con rigor, transparencia y respeto a quienes llevan años sosteniendo el servicio público con su trabajo y su experiencia.

Conviene recordar, además, que la Vicepresidenta ya se sentó a negociar con las organizaciones sindicales el pasado año y fue incapaz de cerrar una negociación. Y no lo fue porque pretender imponer decisiones sin criterio técnico y con el único objetivo de favorecer a determinados intereses no puede encontrar respaldo en una negociación seria. Ante esa incapacidad para alcanzar un acuerdo, se optó por la vía más cómoda: dejar pasar el tiempo y, finalmente, llevar directamente a la Mesa General del día 11 de marzo, la creación de las plazas de educador sin más debate ni consenso.

Ante esta situación, surge una paradoja que nos gustaría tener respuesta: ¿Qué va a pasar con la dirección y coordinación de Sograndio? No podrían certificar nada ni hacer sus funciones ¿Cómo un laboral va a mandar a un funcionario?

Este modo de proceder constituye un atropello que no puede ni debe pasar desapercibido.
En CSIF no vamos a permanecer callados ante una decisión que pone en riesgo el funcionamiento del centro y desprecia la experiencia de quienes lo sostienen cada día con su trabajo.

Si finalmente se pretende imponer esta medida, CSIF comunicará formalmente al Fiscal de Menores y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia la situación en la que quedará el centro de Sograndio y los riesgos que esta decisión puede generar tanto para los menores que cumplen medidas judiciales y para los propios trabajadores y trabajadoras.

Seguiremos informando…