SEGUNDA Y ÚLTIMA REUNIÓN PARA APROBAR LA OEP DE 2025

 

HOY HA TENIDO LUGAR LA SEGUNDA Y ÚLTIMA REUNIÓN PARA APROBAR LA OEP DE 2025.

CSIF ha votado NO tanto a la OEP como al proceso de funcionarización.

CSIF ha vuelto a insistir hoy en varios aspectos que consideramos esenciales para garantizar una Administración más justa, eficiente y respetuosa con los derechos de su personal.

PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN

CSIF ya manifestó que seguimos pidiendo un proceso de funcionarización total de la Administración y no funcionarizaciones parciales, arbitrarias que fomentan los guetos en la Administración.

En primer lugar, se pretende incluir plazas de personal laboral educador para su funcionarización como educador social, aun cuando dichos profesionales no disponen de la titulación requerida. Esto convierte la propuesta en una funcionarización irreal y carente de rigor. Además, el conflicto con las plazas de educador continúa abierto; el propio director de Empleo Público manifestó que el diálogo se retomaría en enero. A pesar de ello, la Administración decide presentar ahora esta propuesta, sin haber cerrado un asunto que sigue plenamente vigente.

 En segundo lugar, se plantean dos procesos diferenciados de funcionarización, en función de si el acceso al puesto se produjo mediante los procesos de estabilización por méritos o por otras vías. Desde CSIF ya hemos manifestado con rotundidad que no puede establecerse esta distinción, porque supone generar desigualdad dentro del propio colectivo y rompe con los principios de equidad y coherencia que deben presidir cualquier proceso de este tipo.

PROMOCIÓN INTERNA Y DISCAPACIDAD

Desde CSIF pedimos que se respeten los porcentajes que marca la ley en cuanto a los turnos de promoción interna y de discapacidad, ya no solo como una mera apariencia, sino como un hecho real.

 Con referencia a la discapacidad, preguntamos por la seguridad jurídica que tiene la oferta después de la última sentencia del Tribunal Supremo que obliga a respetar esos porcentajes y evitar las discriminaciones indirectas.

Hemos reiterado que, si bien la Administración cumple formalmente con el porcentaje legal de plazas reservadas a la promoción interna, lo hace de una manera que no garantiza una promoción interna real y efectiva. Se ofertan plazas en cuerpos o categorías donde dudamos sinceramente de que existan candidatos, lo que convierte este proceso en una mera formalidad.

En la práctica, la Administración está “jugando al solitario” y dificultando deliberadamente la promoción profesional de su propio personal.

Recordamos que el acuerdo estatal que CSIF acaba de firmar incluye la promoción interna por concurso de méritos, y esperamos que esta modalidad se aplique también aquí, en Asturias.

CUERPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Seguimos defendiendo, con firmeza y sin descanso, la necesidad de mantener vivo el Cuerpo Auxiliar Administrativo, tal y como recoge la Ley de Empleo Público. Su desaparición supone limitar gravemente la promoción interna de los cuerpos inferiores y deja en una situación de indefensión al personal temporal que lleva años sosteniendo este servicio.

Si estas plazas no se incorporan a la OEP, quienes han trabajado durante tanto tiempo en este cuerpo no verán reconocida su experiencia, que es valiosa y necesaria.
Este cuerpo es esencial para el funcionamiento de la Administración y debe mantenerse para garantizar el servicio, la promoción profesional y ofrecer una salida justa al personal temporal.

JUBILACIÓN PARCIAL

CSIF pidió la aprobación de una OEP extraordinaria para la jubilación parcial (tal y cómo ya han hecho otras comunidades o la propia AGE), pero la Administración sigue insistiendo en que la normativa actual impide su desarrollo.

OPOSICIÓN PARA FUNCIONARIOS/CONCURSO-OPOSICIÓN LABORALES

Esta OEP se plantea, desde el primer momento, de forma exclusivamente por oposición, una decisión con la que CSIF no puede estar de acuerdo. Mientras en otros ámbitos de la Administración se fomenta la estabilidad del personal mediante listas de empleo y procesos selectivos que reconocen la experiencia profesional, aquí se ignora por completo el bagaje acumulado, aun siendo un elemento imprescindible para garantizar la calidad y continuidad de los servicios públicos.

La Administración justifica esta postura alegando que el IAAP solicita recuperar la oposición como vía para agilizar los plazos de ejecución y solo en el caso del personal laboral han aceptado introducir la posibilidad del concurso-oposición.

Desde CSIF lo tenemos claro: exigimos la continuidad del sistema de concurso-oposición tanto para el personal laboral como para el personal funcionario.

Su decisión carece de argumentos sólidos que la sustenten. En el resto de la Administración (Sanidad, Educación..) se aplica con normalidad el concurso-oposición. ¿Acaso todos ellos están equivocados y solo aquí se posee la fórmula correcta?
Lo que vemos es una postura aislada, poco razonada y ajena a los criterios de coherencia que deben regir la función pública.

BACULEROS Y VIGILANTES DE OBRAS

Valoramos positivamente que se haya teniendo en cuenta la petición de CSIF de dar solución a basculeros y vigilantes de obras. El personal laboral fijo de las categorías de basculero y vigilante de obra pueda acceder por promoción interna al Cuerpo de Vigilancia del Territorio, dado que se trata de un cuerpo que integra las funciones que ya han venido desempeñando. Es un paso en la dirección correcta y una medida de justicia profesional, pero también pedimos la inclusión de nuevas plazas a las que se tiene que dar solución, haciendo referencia, por ejemplo, a una plaza de capataz en Picos de Europa. Entendemos que hay que buscar una solución a todas aquellas categorías que están quedando relegadas en esta Administración.

Seguimos constatando una Administración que no reconoce el valor de su propio personal. Por un lado, se limita la promoción profesional del personal fijo y por otro, se desprecian los méritos y la experiencia del personal temporal en los procesos selectivos, ignorando años de dedicación y servicio público.

Asimismo, observamos una política que bloquea la promoción interna de los grupos profesionales más bajos, precisamente aquellos altamente feminizados. Esta práctica no solo resulta injusta, sino que configura un claro caso de discriminación indirecta, al perjudicar mayoritariamente a colectivos donde las mujeres son mayoría.

En definitiva, nos enfrentamos a un modelo de gestión que merma derechos, perpetúa desigualdades y desincentiva el compromiso con la Administración Pública.

 

 

 

Seguiremos informando.-