Adrián Barbón, Presidente de Honor… y de lo que haga falta

10/07/2025

 

Resulta entrañable ver cómo el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha encontrado una causa verdaderamente noble: la promoción, casualmente entusiasta, de una universidad privada. Nada que objetar, claro, salvo el pequeño detalle de que es la única en Asturias donde puede estudiarse presencialmente la titulación de Educador Social. Un detalle menor, seguramente.

Y qué maravilla de coherencia institucional: pese a contar con no una, sino dos sentencias judiciales que afirman que no es obligatorio exigir exclusivamente esa titulación, el presidente decide, que sí, que así será. Porque él lo vale. Porque para eso está el "ordeno y mando". Y si el Poder Judicial opina otra cosa, pues que se compre una libreta y lo apunte.

¿Casualidad? ¿Criterio técnico? ¿Coincidencia que Barbón sea Presidente de Honor de esa misma universidad privada que ahora, gracias a esta hábil maniobra normativa, se convierte en la única vía legítima hacia determinados empleos públicos? Hombre, sería muy malpensado suponer otra cosa. Aquí todo es fruto del amor al conocimiento y de la defensa de lo público, aunque pase por lo privado.

Es admirable ver cómo un presidente de un gobierno progresista, sí, progresista, no os riais, defiende con uñas y dientes los intereses......de los menores. Aunque, claro, que estos coincidan con los de ciertas instituciones privadas y, por lo visto, con los de algunos conocidos, debe de ser una de esas alineaciones cósmicas que tanto desconciertan a la física cuántica.

Por cierto, para los despistados: la profesión de Educador Social no es una profesión regulada. Lo dicen las sentencias.

Cuando la ley dice “preferente”, pero Barbón impone “exclusiva”

No existe —ni ha existido jamás— una ley que obligue a contratar exclusivamente a Educadores Sociales para trabajar con menores. Ni una sola norma del ordenamiento jurídico español establece tal restricción. Lo que sí existe, y está bien claro, es una legislación que abre el acceso a estos puestos a varias titulaciones igualmente válidas y especifica como  preferentes Psicología, Trabajo Social y, por supuesto, Educación Social.

El término clave es “preferentemente”, no “únicamente”. Es decir, recomienda ciertos perfiles, no impone una exclusión del resto. El sentido común y el espíritu del legislador apuntan a lo obvio: equipos multidisciplinares, con profesionales cualificados de diferentes ámbitos.

Y sin embargo, en Asturias, Adrián Barbón ha decidido reinterpretar la ley por su cuenta y riesgo, cerrando la puerta a psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales con años de experiencia, para dejar vía libre únicamente a quienes poseen la titulación de Educador Social.

 Esto es difícil de sostener. Sobre todo, cuando esa titulación sólo puede cursarse de forma presencial en una universidad privada en la región. Una universidad, por cierto, de la que Barbón es Presidente de Honor. Blanco y en botella.

¿Qué nombre tiene imponer por decreto lo que la ley no exige? ¿Cómo se llama utilizar el poder político para beneficiar a un grupo concreto, a costa de los derechos de otros profesionales, de los menores y del sentido común?

Lo que está ocurriendo en Asturias no es una decisión técnica, ni jurídica, ni educativa. Es una maniobra política de exclusión profesional y beneficio privado. Y todo bajo un supuesto gobierno progresista que, en la práctica, hace de portero del empleo público al servicio de una universidad privada.

El problema ya no es solo legal, es ético, institucional y profundamente injusto.

Asturias paraíso natural... y de puertas giratorias.