CSIF exige eliminar la tasa de reposición y sanciones ejemplares por abusar de la temporalidad, tras el recorte de Bruselas
8 de julio de 2025
- Pedimos una reunión urgente a Óscar López para analizar los problemas de las administraciones públicas las condiciones laborales: urge un nuevo acuerdo salarial que acabe con la congelación de nuestras nóminas
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige al Gobierno que elimine la tasa de reposición en las ofertas de empleo público y establezca sanciones ejemplares a los gestores que abusen de la temporalidad.
Nuestra organización considera que se deben adoptar estas medidas tras el recorte de fondos a España por parte de la Comisión Europea, entre otros motivos por incumplir el mandato de reducir la temporalidad, que sigue estancada en el 30 por ciento (el triple que en el sector privado), pese a que la Ley establece el límite en el 8 por ciento.
CSIF ya avisó de que estaban abiertos sendos expedientes por esta causa y que se estaban preparando sanciones millonarias.
La tasa de reposición (que el Gobierno pretende mantener en la próxima oferta de empleo público) impide a las administraciones cubrir las necesidades de los distintos servicios y les obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en sectores como la sanidad o la educación.
Por otro lado, CSIF considera que los gestores que incumplan el límite establecido en la Ley deben ser sancionados y asumir responsabilidad civil. Solo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de abuso y precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores/as de nuestras administraciones.
CSIF se ha dirigido al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública para abordar los problemas que afectan a nuestras administraciones públicas y las condiciones laborales, entre ellas la temporalidad y la congelación de las nóminas, dado que aún no se ha negociado un nuevo acuerdo salarial.
De manera paralela, CSIF retomará las movilizaciones. El Gobierno debe una subida mínima del 2,8 por ciento para acompañar los sueldos al IPC registrado el año pasado. En este sentido, calculamos que estaría pendiente una subida media por categorías de 374 euros a cada empleado público, por lo que el Gobierno estaría reteniendo unos 1.112 millones de euros.