Comienza la campaña electoral: CSIF exige que se hable de las/os empleados públicos y se mejoren sus condiciones laborales
12 de noviembre de 2026
- Al Gobierno le quedan dos semanas para aprobar por decreto la subida de 2027 antes de las elecciones, como exigió CSIF: no vamos a aceptar retrasos
- CSIF recuerda el papel jugado en los últimos cuatro años por los servidores públicos sosteniendo el estado de bienestar y en situaciones críticas: accidentes de Adamuz y Urda, crisis migratorias en Ceuta o el Hierro, incendios forestales, inundaciones o el apagón de 2025
- Defendemos cuestiones pendientes como la recuperación de la estructura salarial previa al recorte de 2010, la mejora del mutualismo administrativo, refuerzo de plantillas, reducción de la temporalidad, carrera profesional, reclasificación, conciliación, o salud laboral
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige que se ponga en valor la función social de las/os empleados públicos, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral.
CSIF se ha dirigido al presidente del Gobierno y a las diferentes formaciones políticas recordando el papel que han jugado los servidores públicos en los últimos cuatro años en la prestación de servicios y prestaciones a los ciudadanos, en un momento social y económico muy complicado por el coste de la vida, los bajos salarios y la precariedad laboral en un contexto de ausencia de presupuestos e inestabilidad política.
Además, la actuación de las/os empleados públicos ha sido fundamental en momentos muy graves que ha afrontado la sociedad española en la respuesta inmediata de emergencias, el rescate y la reconstrucción ante diversas catástrofes. Su intervención coordinada ha permitido salvar vidas, evacuar poblaciones y restablecer infraestructuras críticas en situaciones límite: accidentes de Adamuz y Urda, las crisis migratorias en Ceuta o el Hierro, la DANA, los incendios forestales, fallos de suministro eléctrico (apagón de 2025), entre otros.
Igualmente, los servidores públicos en España de ámbitos esenciales como la sanidad, la educación y la justicia han sostenido los pilares del Estado del bienestar frente a desafíos estructurales tras la pandemia, sobrecarga asistencial y profundas reformas organizativas, sin los medios adecuados
Por todo ello, exigimos que se cumpla el Acuerdo Marco en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzado en noviembre de 2025, que incluye una hoja de ruta con medidas y compromisos asumidos hasta 2028, y el adelanto de elecciones no debe interferir en su desarrollo: retribuciones, empleo público, planificación de recursos humanos, mejora de procesos selectivos, digitalización, igualdad, carrera profesional, reclasificación conciliación, salud laboral, la mejora del mutualismo administrativo y la atención sanitaria, la prevención de riesgos laborales o las mejoras en las condiciones de jubilación.
En materia de retribuciones, tiene especial importancia cumplir el calendario retributivo, con un incremento salarial para 2027 del 4,5 por ciento, Asimismo, deberá garantizarse el incremento adicional del 0,5 por ciento correspondiente a 2026. Esta subida es muy relevante, teniendo en cuenta la evolución de los precios durante este año. CSIF ha exigido que esta subida se apruebe por Real Decreto y se convalide en Diputación Permanente antes de las elecciones para que la situación del Gobierno en funciones no interfiera y evitar así que se produzcan retrasos.
Además, queremos poner encima de la mesa otros temas que preocupan a las /os empleados públicos, como es la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010.
La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron. Actualmente el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido al menos 48.000 millones de euros en este concepto salarial.