CSIF denuncia el deterioro de la asistencia sanitaria en las mutualidades de funcionarios ante la ausencia de Presupuestos y el fin de la legislatura
14 de octubre de 2026
- Demoras en la atención y trámites, reducción de cuadros médicos, falta de información, problemas de cobertura en zonas rurales y capitales de provincia: la prórroga presupuestaria liquida el remanente de tesorería de Muface
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exigió hoy al Gobierno un compromiso para mejorar la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo, ante la situación de ausencia de presupuestos y el fin de la legislatura.
En el Consejo General de Muface, celebrado hoy, se abordaron las cuentas de 2025, ejercicio que vino determinado por la suscripción de los conciertos de asistencia sanitaria tanto en el territorio nacional como en el exterior, por lo que hubo de tramitarse un suplemento de crédito por un importe de 285.022.509,77 euros.
Tratándose de un presupuesto prorrogado, la contratación no estaba prevista y se tramitó este suplemento con el fin de cubrir las insuficiencias presupuestarias. La financiación del suplemento de crédito en Muface se financió con remanente de tesorería que, según datos facilitados hoy en el Consejo, se sitúa en apenas un millón de euros. Al cierre de 2026 conoceremos la nueva cifra de remanente, pero la situación es inédita.
Esta situación se ve acompañada en un deterioro de la asistencia sanitaria en Muface(también en Mugeju e Isfas) con la reducción de la cartera médica, cierre de centros, aumento de las listas de espera, problemas de cobertura y falta de especialidades en las poblaciones rurales y capitales de provincia (CSIF reclama la firma de convenios en todas las comunidades autónomas: en estos momentos solo están vigentes en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid) y situaciones como la demora en el pago de urgencias hospitalarias por la derivación a pacientes a la pública, que tienen que adelantar el coste, según las denuncias recibidas por CSIF.
Además, se registran retrasos en los trámites con las compañías, cartas de pago, largos plazos de resolución en las reclamaciones y dilatados trámites burocráticos en situaciones de cobertura sanitaria. La Administración tampoco traslada certezas sobre la necesidad de participar en el sistema de urgencias 112 o la reducción del copago farmacéutico. CSIF ha manifestado la necesidad de que se retome el grupo de trabajo sobre mutualismo administrativo en el Acuerdo Marco con Función Pública para abordar todas estas cuestiones.
Funcionarios que abandonan la sanidad concertada en Muface
En el anterior consejo, celebrado el pasado verano, según datos de la propia administración, desde el año pasado, un total de 14.000 personas han abandonado el concierto sanitario para pasarse a la sanidad pública (7.664 en 2025, 4.281 en enero de 2026 y 2.051 en junio), incrementándose esta opción en seis puntos desde la entrada en vigor del citado concierto. CSIF ha reclamado a Muface un informe de situación en las localidades donde se ha producido un mayor trasvase a la pública que pondría de manifiesto el deterioro del servicio sanitario, aunque los responsables de la mutualidad no han respondido a nuestra petición.
Ante esta situación, CSIF estará vigilante y si no se establecen garantías para una adecuada prestación asistencial, así como para el futuro de las cuentas, nos veremos obligados a retomar las movilizaciones para defender la viabilidad y sostenibilidad del mutualismo administrativo. CSIF exige que se siga trabajando para la mejora de este modelo y que no se vea paralizado este trabajo ante la convocatoria de Elecciones Generales.
En estos momentos, la Administración está negociando la renovación del concierto de Mugeju (mutualidad de los funcionarios de justicia). CSIF ha exigido información clara sobre el futuro de la asistencia sanitaria recalcando las siguientes cuestiones: establecer criterios claros de la urgencia vital para recibir atención en la sanidad pública, incorporar a los mutualistas al sistema de emergencias 112; extender los convenios de asistencia en localidades de menos de 20.000 habitantes y el refuerzo de los cuadros médicos.