CSIF reclama que Bruselas active de manera formal el reglamento europeo de crisis migratoria ante la situación en Ceuta
31 de agosto de 2026
- Los refuerzos anunciados por Interior son insuficientes: deben activarse las medidas extraordinarias de crisis y solidaridad previstas por la Unión Europea.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, exige al Gobierno que solicite de inmediato a Bruselas la activación formal del reglamento europeo de crisis migratoria ante la situación en Ceuta.
Cuando está a punto de transcurrir un mes desde los episodios que vulneraron la integridad territorial y el normal funcionamiento institucional en Ceuta, las medidas parciales ya no bastan. Las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local, los servicios de emergencias, el personal de la Administración de Justicia, los equipos de acogida, la Administración Penitenciaria, la sanidad pública, los servicios de limpieza y los servicios sociales de la Ciudad Autónoma operan al límite del agotamiento físico y profesional, asumiendo en solitario una responsabilidad que concierne a toda la Unión Europea.
Por ello, CSIF exige al Gobierno que deje de dilatar la respuesta política y formalice de inmediato ante las instituciones comunitarias la activación del Reglamento (UE) 2024/1359, sobre situaciones de crisis y fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo.
El Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara una situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, reconoce que la llegada masiva y simultánea producida el 30 de julio ha superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.
Para CSIF, este reconocimiento oficial refuerza la necesidad de valorar la utilización del instrumento europeo específicamente diseñado para afrontar situaciones excepcionales de presión migratoria.
El Reglamento (UE) 2024/1359 contempla precisamente como situación de crisis las llegadas masivas de nacionales de terceros países que, por su escala y naturaleza, puedan provocar que los sistemas de asilo, acogida —incluida la protección de menores— o retorno de un Estado miembro dejen de funcionar adecuadamente, incluso cuando esa situación se manifieste inicialmente a escala local o regional.
El Reglamento es plenamente aplicable desde el 12 de junio de 2026, pero es necesario que el Gobierno solicite su activación. En este sentido, CSIF pide que España presente la solicitud motivada prevista en el artículo 2 del Reglamento para que la Comisión Europea evalúe formalmente la situación y, si concurren los requisitos establecidos, proponga al Consejo la adopción de las medidas extraordinarias correspondientes.
Entre las posibilidades previstas se encuentran los mecanismos de solidaridad europea, mediante reubicaciones, contribuciones financieras y otras medidas de apoyo; la adaptación temporal de determinados procedimientos fronterizos y de protección internacional; y el refuerzo de los medios necesarios para gestionar una situación excepcional.
CSIF valora los refuerzos solicitados a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), pero considera que estas medidas operativas no sustituyen la posible activación del marco jurídico extraordinario previsto por el Reglamento 2024/1359.
UTILIZAR TODOS LOS INSTRUMENTOS DISPONIBLES
El diseño jurídico del Reglamento permite adaptar y agilizar los procedimientos fronterizos de asilo en situaciones de crisis, reforzar la capacidad de gestión en frontera y facilitar, cuando legalmente proceda, la posterior aplicación de los procedimientos de retorno, manteniendo las garantías previstas por el Derecho de la Unión.
La activación del Reglamento (UE) 2024/1359 permite ampliar y agilizar los procedimientos fronterizos en una situación de crisis y facilitar el posterior retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España, con pleno respeto a las garantías legales.
Además, frente a los mecanismos ordinarios, la activación de este Reglamento permitiría:
- Solidaridad europea reforzada: movilizar reubicaciones, contribuciones financieras y apoyo operativo, pudiendo alcanzar hasta el 100 % de las necesidades de reubicación determinadas en el plan de respuesta.
- Mayor capacidad de actuación en frontera: adaptar y agilizar determinados procedimientos fronterizos de asilo cuando las reglas ordinarias resulten insuficientes ante una situación de crisis.
3. Respuesta específica ante una eventual instrumentalización: aplicar medidas y excepciones extraordinarias cuando se acredite que un tercer país o agente hostil utiliza la migración con finalidad desestabilizadora.
- Refuerzo de los servicios públicos: movilizar solidaridad, financiación y apoyo operativo europeo para aliviar la presión extraordinaria sobre los servicios de frontera, seguridad, identificación, asilo, acogida, menores y retorno.
CSIF EXIGE UNA RESPUESTA DE ESTADO Y EUROPEA
CSIF advierte de que la situación está sometiendo a una presión extraordinaria a los/as empleados públicos y a los servicios encargados del control fronterizo, seguridad, identificación, atención humanitaria, protección internacional, menores, servicios sociales y gestión administrativa.
Ceuta no pueda continuar funcionando como un dique de contención aislado ante una crisis cuya gestión afecta al conjunto del Estado y requiere también la implicación efectiva de la Unión Europea.
CSIF exige al Gobierno que utilice todos los mecanismos jurídicos nacionales y europeos disponibles, refuerce los servicios públicos afectados y presente ante la Comisión Europea la solicitud motivada prevista en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2024/1359.
“Si el propio Gobierno ha reconocido oficialmente que las capacidades ordinarias han sido superadas, debe explicar por qué no ha solicitado todavía la activación del instrumento europeo específicamente previsto para afrontar una situación de crisis”.