CSIF exige al Ministerio de Justicia y a las CC.AA aumentar las plantillas en las fiscalías de toda España

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclamó hoy al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias que aumenten las plantillas en las fiscalías de toda España.

CSIF valora el anuncio del ministro de Justicia de crear 200 nuevas plazas de fiscales, pero esta medida resultará insuficiente si no se acompaña de un refuerzo paralelo de las plantillas de funcionarios que prestan servicio directo al Ministerio Fiscal.

De hecho, la nueva planta judicial atraviesa una grave situación por sus carencias en la gestión, en los presupuestos en personal. CSIF reclama una revisión de las relaciones de puestos de trabajo: incremento de plantillas de funcionarios/as de justicia y la creación de equipos especializados por orden y especialidad de jurisdicción en el servicio común de tramitación. Asimismo, exigimos agilizar los procesos selectivos.

En la actualidad, la ratio media de funcionarios por fiscal (excluidas las fiscalías de menores) se sitúa en torno a 0,40 funcionarios por fiscal, una cifra que consideramos insuficiente para absorber la creciente carga de trabajo que soporta el Ministerio Fiscal. Nuestra organización señala que la eficiencia en la Justicia no se consigue desde la precariedad de medios y contrasta con las directrices del Ministerio, que considera suficiente para mejorar el servicio únicamente con el aumento de jueces y fiscales.

Desde hace años, la Administración de Justicia sufre una endémica falta de personal porque los incrementos de jueces y fiscales no han ido acompañados de un crecimiento proporcional de las plantillas de funcionarios de apoyo. Esta situación genera una falsa eficiencia basada en parches, en lugar de una verdadera estrategia de incremento de recursos humanos.

Para lograr una Justicia realmente eficiente, CSIF recuerda que, tras el acuerdo alcanzado con nuestra organización, el Gobierno deber eliminar la tasa de reposición que impide cubrir todos los puestos vacantes con personal titular, así como la creación y desarrollo de las unidades administrativas de apoyo a la gestión de medios personales y materiales en las oficinas judiciales, reguladas en la LOPJ desde 2003 y que siguen sin implantarse.