Los ayuntamientos despidieron a 28.400 personas en el primer trimestre del año, en vísperas del proceso de regularización de personas migrantes
28 de abril de 2026
- El primer trimestre del año se saldó con 5.500 nuevos temporales en las administraciones: CSIF advierte de que hay miles de plazas que aún no se han convocado y que el Gobierno oculta las cifras de la próxima oferta de empleo público.
- Los datos del paro muestran la debilidad de nuestro modelo productivo y las situaciones de precariedad que aún persisten pese a la reforma laboral.
Los ayuntamientos españoles prescindieron de un total de 28.400 personas en el primer trimestre del año, semanas antes de la puesta en marcha del proceso de regularización masiva de personas migrantes, tal y como ha constatado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
En concreto, en el primer trimestre del año se registraron un total de 336.300 efectivos, frente a las 346.300 del periodo anterior. Esta pérdida de efectivos, en nuestra opinión, supone una irresponsabilidad teniendo en cuenta la carga de trabajo prevista en el proceso de regularización, como comprobamos a diario con largas colas de personas en las puertas de los ayuntamientos de toda España para resolver sus gestiones.
CSIF ya avisó de que este proceso se afrontaba sin los medios materiales adecuados, con personal insuficiente y mal formado y una pésima planificación, como revelan los últimos datos de la EPA. Así el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como los ayuntamientos, Extranjería, Seguridad Social e Interior. Función Pública debería de tomar nota de lo que está ocurriendo estos días.
PRECARIEDAD LABORAL Y VULNERABILIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO
En vísperas de la celebración del 1º de Mayo, CSIF lamenta los datos generales registrado en relación al crecimiento de la tasa de paro y la caída de la ocupación. Estos datos ponen de manifiesto que el mercado laboral español tiene pendiente una reforma estructural de nuestro modelo productivo, ya que el empleo continúa mostrando las mismas vulnerabilidades históricas.
Así, estos datos indican que el empleo no está blindado, así como la estacionalidad del mercado laboral, donde perviven situaciones de vulnerabilidad y precariedad, pese a la reforma laboral.
MILES DE TEMPORALES NUEVOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Por último, CSIF vuelve a llamar la atención sobre el problema de la temporalidad en las administraciones públicas, que sigue estancada en torno al 27 por ciento respecto al total de empleo público, un porcentaje más del doble que la temporalidad que se registra en el sector privado.
Este dato se conoce tras la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avala la posición de nuestra organización: las administraciones públicas están incumpliendo de manera sistemática la Ley de Temporalidad.
Según datos oficiales recabados por CSIF, el 23 por ciento de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas. De hecho, hay miles de plazas que todavía no se han convocado. Esta situación pone en evidencia la ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021, ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2024.
Por eso, CSIF exige regular en nuestro ordenamiento jurídico “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal; que las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales; y reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos (actualmente tienen un plazo máximo de 3 años, que se incumple sistemáticamente).
Además, tras el acuerdo alcanzado con CSIF, el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas de empleo público en función de sus necesidades sin contratar interinos. Sin embargo, el Gobierno oculta las cifras de la oferta de empleo público de este año, tras la última reunión de la Mesa General de las Administraciones Pública, lo que supone una situación inaudita que hurta a las organizaciones sindicales su derecho a negociar.
CSIF exige los datos y esperamos tenerlos antes de la aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros.