CSIF exige al Gobierno una reforma efectiva de la Ley de Prevención ante el aumento de los riesgos del trabajo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas en el marco de la consulta pública para la actualización de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y del Reglamento de los Servicios de Prevención. El objetivo es convertir la prevención en una herramienta real y eficaz, adaptada a la actual realidad del trabajo en España.

Tras más de 30 años de vigencia de la LPRL, CSIF considera imprescindible una reforma profunda que corrija fallos estructurales, combata el incumplimiento sistemático de la normativa y garantice igualdad de protección con independencia del sector, la empresa o la administración en la que se trabaje. Estas propuestas han sido trasladadas formalmente al Ministerio y reforzadas mediante un escrito dirigido a la ministra de Trabajo, en el que CSIF reclama voluntad política y plazos concretos para su desarrollo.

La prevención se ha convertido en un trámite documental

CSIF denuncia que la prevención se ha reducido a un trámite documental en demasiados centros de trabajo, externalizándolo y alejándolo de la organización real del trabajo. Por ello, nuestras propuestas apuestan por integrar la prevención en la gestión diaria, reforzar el papel de los servicios de prevención propios y garantizar su calidad, independencia y dimensionamiento adecuado.

Estas son algunas de las propuestas de CSIF a ley de Prevención de Riesgos Laborales:

• Aplicación a todas las actividades, incluidas aquellas con especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.
• Regular la ratio suficiente de inspectores de trabajo, técnicos de prevención, personal médico y de enfermería de servicios de prevención, reforzando las plantillas, entre otras.
• Reconocer expresamente la salud mental y los riesgos psicosociales como parte del derecho a la protección eficaz, con evaluaciones obligatorias y periódicas.
• Garantizar evaluaciones de riesgos presenciales y multidisciplinares, evitando las evaluaciones “de despacho”.
• Regular la desconexión digital y la salud digital, como nuevos derechos preventivos frente a la sobrecarga y la hiperconectividad.
• Regulares medidas de emergencia relacionadas con la ciberseguridad y la digitalización.
• Más participación sindical y más control.
• Incorporar variables de edad, diversidad generacional, perspectiva de género y lenguaje inclusivo.
• Formación preventiva obligatoria con mínimo de 8 horas, práctica y presencial, adaptada al puesto y a la persona trabajadora.
• Crear un Real Decreto específico sobre riesgos psicosociales, con participación sindical y control efectivo.
• Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud (SNS).

CSIF sitúa la participación de los delegados y delegadas de prevención en el centro de la reforma, puesto que son la voz de las personas trabajadoras. Entre sus propuestas figura el reconocimiento de un crédito horario específico, el acceso real a la documentación preventiva y la presencia obligatoria de la representación sindical en visitas de servicios de prevención e Inspección de Trabajo.

Asimismo, proponemos reforzar el papel de los comités de seguridad y salud, reduciendo los umbrales para su constitución y dotando de carácter vinculante a determinados acuerdos cuando existan riesgos graves para la salud.

Vigilancia de la salud y protección a lo largo de la vida laboral

Otro eje central de las propuestas de CSIF es la vigilancia de la salud, que debe dejar de ser un mero reconocimiento médico. En este sentido, planteamos potenciar la vigilancia colectiva, incorporar profesionales de psicología y psiquiatría en los servicios de prevención y crear un sistema público de vigilancia de la salud postocupacional, especialmente para enfermedades profesionales de larga latencia.

También se proponen medidas específicas para la adaptación de puestos, el retorno al trabajo tras bajas prolongadas, la protección de personas especialmente sensibles y una ampliación de la protección en situaciones de maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

CSIF considera que esta reforma es una oportunidad histórica para situar la salud laboral como un eje central de las políticas públicas. Por ello, exige al Gobierno que escuche a al conjunto de la representación sindical de nuestro país y no solo “a los de siempre”, incorpore estas propuestas al anteproyecto de ley y garantice una normativa más clara, más exigente y con consecuencias reales ante el incumplimiento.

Para CSIF, la prevención de riesgos laborales no es una carga para empresas y administraciones, sino una inversión en salud, empleo de calidad y cohesión social. Sin una reforma valiente, será una oportunidad perdida y la LPRL seguirá sin responder a los riesgos reales del trabajo del siglo XXI.