CSIF alerta las elevadas cifras de los accidentes de laborales de tráfico en 2025, exige medidas y planes de movilidad segura

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia la elevada cifra de accidentes laborales de tráfico en 2025, que mantienen una tendencia al alza, y reclama a empresas y administraciones una actuación inmediata para implantar planes de movilidad laboral segura. El sindicato confía en que las nuevas medidas de regulación del tráfico aprobadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) para 2026, en vigor desde el 30 de enero, contribuyan a reducir esta siniestralidad, pero advierte de que sin prevención en las empresas no habrá un cambio real.

Los accidentes de tráfico laborales continúan siendo una de las principales causas de siniestros laborales en España. Según las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo  y Economía social durante 2025 (enero-noviembre), se registraron 68.794 accidentes laborales de tráfico, siendo 50.626 accidentes in itínere, con cientos de personas que sufrieron lesiones graves y 188  fallecimientos vinculados directamente a desplazamientos relacionados con el trabajo (ya sea durante la jornada (65 fallecimientos), en servicios o en desplazamientos in itinere (123 fallecimientos)). Estos datos, sitúan los siniestros viales como uno de los riesgos más significativos a los que se enfrentan las personas trabajadoras que conducen por motivos laborales. La prevención y gestión del riesgo vial se confirman, así como una prioridad ineludible para la salud laboral en nuestro país.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado en el BOE la Resolución que establece las medidas especiales de regulación del tráfico para 2026, vigentes desde el 30 de enero. Estas medidas buscan reforzar la seguridad vial, prevenir siniestros en periodos de alta circulación y mejorar la gestión de los desplazamientos, especialmente en fechas de operaciones especiales, eventos y situaciones meteorológicas adversas. Entre las principales novedades destacan las restricciones de circulación para vehículos pesados de más de 7.500 kg, las limitaciones al transporte de mercancías peligrosas, así como la gestión dinámica de carriles y la interrupción temporal de obras en tramos y fechas sensibles.

Además, se refuerzan medidas de seguridad que afectarán al día a día al volante, como el pasillo de emergencia obligatorio en atascos, el uso del cinturón de seguridad también en ciudad para todas las personas ocupantes y criterios de adelantamiento más seguros, con reducción de velocidad y distancia lateral suficiente frente a vehículos vulnerables.

CSIF recuerda que para millones de personas trabajadoras que conducen por motivos laborales —transporte, reparto, servicios públicos o asistencia técnica entre otros— estas medidas obligan a planificar mejor rutas y tiempos, evitando la presión de plazos imposibles. Insiste en el mensaje de “cero prisas y cero fatiga”, ya que la urgencia nunca puede justificar conductas de riesgo. Asimismo, subraya que los accidentes de tráfico en desplazamientos in itinere o en misión tienen la consideración de accidente laboral, con las correspondientes consecuencias jurídicas y de protección social.

En el marco de su campaña “Trabajando sobre ruedas exigimos medidas de seguridad”  lanzada el pasado junio 2025, CSIF insiste en la necesidad de la implantación obligatoria de planes de movilidad laboral segura, la integración de la seguridad vial en la evaluación de riesgos, la renovación de vehículos de los servicios públicos que no cumplan condiciones mínimas de seguridad, formación obligatoria en conducción preventiva y una organización del trabajo que elimine la presión por tiempos de llegada.

La seguridad vial no es solamente una cuestión técnica o de multas: es una cuestión de salud laboral, de prevención eficaz y de responsabilidad social de empresas y administraciones. Hacemos un llamamiento a que estas medidas no queden en papel, sino que se traduzcan en cambios reales que salven vidas y protejan la salud de las personas trabajadoras.