El Gobierno publica hoy el procedimiento de acogida de MENAS sin reforzar las plantillas ni recursos de los centros

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el real decreto aprobado por el Gobierno que establece el procedimiento de acogida de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) en centros de comunidades autónomas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, critica que este real decreto excluye el refuerzo de las plantillas de los centros y el incremento de recursos materiales y humanos.

En concreto, el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros establece cómo deberán actuar las comunidades autónomas para acoger a los miles de menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla desde finales de agosto. CSIF denuncia que dicho real decreto recoge explícitamente en su Disposición adicional segunda que la aprobación “no implicará aumento de gasto público, ni supondrá incremento de gastos de personal”, lo que significa que no habrá ni refuerzo de plantillas de los centros que recibirán a estos menores ni incremento de medios materiales.

CSIF considera que al Gobierno no le importa la repercusión que la llegada de los menores tendrá en las plantillas de los centros, ni la situación en que quedan los empleados públicos con competencias en materia de inmigración. El propio Ejecutivo reconoce que la inmigración de menores extranjeros no acompañados se ha incrementado un 221 por ciento en los últimos 8 años, por lo que consideramos urgente dotar a los centros de los recursos necesarios para gestionar esta situación.

Nuestra organización exige al Gobierno y a las administraciones autonómicas, competentes en materia de protección de menores, la puesta en marcha urgente de una batería de medidas para garantizar la seguridad de los profesionales, entre las que destacan:

 

• Refuerzo de plantillas y ratios adecuados; en muchos centros hay menos educadores de los que marca la normativa europea. Se debe garantizar una ratio idónea de personal por menor, y reforzar el equipo con figuras de apoyo como psicólogos, trabajadores sociales y personal de seguridad.

 

• Implementación de protocolos de prevención y actuación ante agresiones con un registro específico, que aseguren una auténtica protección.

 

• Contratación de un servicio de vigilancia las 24 horas del día para todos los Centros de acogida y centros de menores.

 

• Dotación de sistemas de alarma y pulsera de pánico para todos los profesionales con conexión al centro de seguridad y servicios de emergencias.

 

• Establecer nuevas medidas organizativas como un mínimo de dos personas para cada turno.

 

• Evaluaciones de riesgos psicosociales.

 

• Reconocimiento del complemento de peligrosidad o análogo e implementación de medidas compensatorias.

 

• Apoyo psicológico y protección jurídica gratuita.

 

• Formación continua y especializada, en gestión de conflictos, intervención con menores violentos, primeros auxilios psicológicos y autocuidado.

 

• Aumento de los programas de rehabilitación a menores.

 

• Revisión de la legislación que regula la organización y funcionamiento de los centros de acogida de menores y otros servicios sociales.

 

• Revisión del sistema de medidas judiciales, es necesario replantear los criterios de ingreso de menores con perfiles especialmente violentos en centros de protección no terapéuticos, donde el personal no tiene formación ni medios para contener ciertas conductas.