Función Pública prepara ya la Oferta de Empleo Público para 2025, tras las presiones de CSIF: el Gobierno reconoce una pérdida neta de 20.046

El Ministerio de Función Pública se ha dirigido al conjunto de organismos y ministerios de la Administración General del Estado para empezar a diseñar la oferta de empleo público para este año, tal y como ha reclamado de manera reiterada la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), para dar respuesta a las necesidades que afectan a todos los ámbitos, como el SEPE, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.

Los diferentes organismos están recabando datos sobre las necesidades de personal, aunque el Gobierno sigue manteniendo el límite a la creación de nuevas plazas con la tasa de reposición. Función Pública vuelve a incumplir de esta manera el compromiso de eliminar la tasa, lo que ha provocado que en los últimos 10 años se haya producido una pérdida neta de 20.046 empleos, según datos facilitados por el propio Ministerio.

Además, el 21 por ciento de la plantilla (un total de 50.900 personas) tiene más de 60 años y por tanto se encuentran en edad de jubilación, lo que agravará más las necesidades de personal para la prestación de servicios a la ciudadanía.

Por otra parte, el mantenimiento de esta tasa obligará a las diferentes administraciones a contratar personal interino, perpetuando el problema de la temporalidad que sigue estancada en el 30 por ciento, incumpliendo la Ley de Estabilidad y el mandato de la Comisión Europea de limitarla al 8 por ciento.

Según la última Encuesta de Población Activa, además, el conjunto de las administraciones públicas (incluyendo comunidades, diputaciones, ayuntamientos) han perdido un total de 92.100 puestos de trabajo en el primer trimestre del año, como consecuencia del envejecimiento de las plantillas, una cifra que supone más del doble de toda la oferta del año pasado en la AGE.

En este contexto, Función Pública está diseñando una reforma de la Administración por la que se pretende clasificar a la plantilla en “áreas funcionales”, frente a la tradicional organización por departamentos y organismos. Se trata de una reorganización conforme las diferentes actividades principales: acción de Gobierno, exterior, políticas públicas, presupuesto, seguridad nacional, comunicación, normativa, recursos humanos, contratación, subvenciones, administración digital, estadística, jurídica, contratación, migraciones, defensa, justicia, ordenación laboral, acción comercial o estrategia, entre otras.

El objetivo es diseñar un plan de recursos humanos e identificar los puestos para determinar las necesidades en la oferta de empleo público, formación, relación de puestos de trabajo y “avanzar a una simplificación de la estructura de puestos, actualmente dispersa”.

Bajo estas premisas, CSIF reclama que esta reordenación de la Administración vaya unida al refuerzo de las plantillas y la mejora de las condiciones laborales pendientes en la Ley de Función Pública. Esta Ley fue reformada en 2024 mediante el Plan de Recuperación y actualmente hay pendiente en la Comisión de Función Pública, una nueva reforma a través de un Proyecto de Ley.  

 

Estos son los temas fundamentales que reivindica CSIF y que deben de ir ligados tanto a la oferta de empleo público como a la reforma planteada en la Administración.

• Oferta de Empleo Público: No vamos a aceptar que la simplificación de la estructura suponga una amortización de puestos de trabajo. Exigimos la eliminación de la tasa de reposición.
• Desarrollo de la evaluación del desempeño.
• Desarrollo de la carrera profesional.
• La equiparación salarial con el resto de administraciones.
• Jubilación parcial anticipada.
• Desarrollo del Teletrabajo.
• Derecho a la movilidad.
• Negociación del V Convenio Único para el personal laboral.