CSIF reclama medidas de conciliación para personal docente e investigador con discapacidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades una normativa de carácter estatal que obligue a todas las universidades públicas a contemplar expresamente al Personal Docente e Investigador con discapacidad en los procedimientos y normativas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

 

De la misma manera, pedimos el establecimiento de medidas de acción positiva concretas, tales como la posibilidad de ajustar horarios docentes para facilitar tratamientos médicos, procesos de rehabilitación o necesidades de movilidad, así como la asignación preferente de espacios accesibles y limitación de desplazamientos entre campus o edificios alejados y la consideración de las situaciones personales de discapacidad como un criterio justificado y prioritario en la asignación de docencia.

 

Las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional en el ámbito universitario han supuesto en los últimos años un avance importante en la mejora del bienestar y de la calidad del empleo de los colectivos universitarios.

 

No obstante, dichas políticas siguen presentando importantes lagunas que impiden alcanzar una igualdad real y efectiva de oportunidades para todos los miembros de la comunidad universitaria, lo que supone una vulneración del principio de igualdad de oportunidades y del derecho a la no discriminación reconocido por nuestra legislación.

 

En concreto, consideramos que se vulnera lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, así como en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que en su disposición adicional vigésima cuarta exige que las universidades garanticen la igualdad de oportunidades y establezcan medidas de acción positiva para asegurar la plena inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito universitario.

 

Tal y como recoge el mencionado Real Decreto Legislativo, las medidas de acción positiva no solo son una posibilidad, sino una obligación legal para compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y permitir la participación plena y efectiva en la vida laboral.  En CSIF creemos firmemente que solo mediante un compromiso institucional firme y una normativa clara que no deje lugar a la interpretación, será posible alcanzar una inclusión real del personal con discapacidad en la comunidad universitaria. La igualdad de oportunidades no puede seguir siendo un principio teórico: debe traducirse en acciones concretas y vinculantes.