La convocatoria electoral deja sin aplicar la reducción de ratios y de horario lectivo que se anunció como eje de «la legislatura del profesorado»
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20 de octubre de 2026
— La reducción de ratios y de horario lectivo en las etapas obligatorias —Primaria y ESO— requiere una ley y decae con la disolución de las Cortes. CSIF pidió aprobarla por real decreto-ley, pero el Ministerio considera que no concurren las razones de urgencia y necesidad que ese instrumento exige.
— Se reduce la ratio por real decreto en Infantil y Bachillerato, pero la rebaja de Primaria y ESO —que el borrador de septiembre sí incluía— ha desaparecido del texto del 15 de octubre, dejando fuera a las etapas obligatorias, que escolarizan al 57,2% del alumnado y donde más golpea la masificación.
— En FP, CSIF no cuestiona que se fijen requisitos de calidad a los centros privados —es razonable para evitar una oferta inadecuada—, pero advierte de que el decreto no crea ni una sola plaza pública, que es el verdadero problema.
Madrid, 20 de octubre de 2026. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, advierte, tras la Mesa Sectorial celebrada hoy, de que la convocatoria de elecciones generales deja sin aplicar la reducción de ratios y de horario lectivo que el Gobierno presentó como eje de la que llamó «la legislatura del profesorado». La reforma llega tarde y, por esta vía, no se aplicará en esta legislatura.
La convocatoria electoral tumba la principal reforma prometida al profesorado
La convocatoria de elecciones generales conlleva la disolución de las Cortes y, con ella, la caducidad de todos los proyectos de ley en tramitación. Entre ellos decae el proyecto de ley de reducción de ratios y de horario lectivo, que debía modificar la Ley Orgánica de Educación para rebajar las ratios en las etapas obligatorias —Educación Primaria y ESO— y reducir el horario lectivo del profesorado. Al decaer, esas medidas no se aplicarán. Para CSIF, la politización ha terminado llevándose por delante la principal reforma que se prometió al profesorado: una reforma que llega tarde y que, por esta vía, no verá la luz en esta legislatura.
La paradoja: se reduce la ratio en Infantil y Bachillerato, pero no en Primaria ni ESO
Caído el proyecto de ley, el Ministerio saca adelante por real decreto —sin necesidad del Parlamento— solo una parte de las reducciones. El texto que modifica el RD 132/2010 rebaja la ratio máxima en el segundo ciclo de Educación Infantil (de 25 a 20 alumnos por unidad) y en Bachillerato (de 35 a 30), y actualiza y reduce también las del primer ciclo 0-3. En cambio, la reducción en las etapas obligatorias ha desaparecido: el borrador de septiembre proponía rebajar la Educación Primaria a 22 y la ESO a 25 alumnos por unidad, pero el texto del 15 de octubre ha eliminado esa rebaja —la ESO vuelve a 30— a la espera de la reforma de la LOE que contenía el proyecto de ley ahora decaído.
El resultado es una paradoja difícil de justificar: se reduce la ratio en las etapas no obligatorias —Infantil y Bachillerato— y se deja fuera a las obligatorias —Primaria y ESO—, que es donde la masificación de las aulas golpea con más fuerza. Y no son etapas menores: según los datos del propio Ministerio («Datos y cifras. Curso escolar 2025-2026»), la Primaria y la ESO escolarizan conjuntamente a 4.743.943 estudiantes, el 57,2% del alumnado de régimen general no universitario; casi seis de cada diez. A ello se añade que las reducciones que sí se mantienen se aplicarán de forma escalonada —en Infantil desde el curso 2027-2028 y en Bachillerato no hasta el 2029-2030—, por lo que tampoco serán inmediatas.
Y es que la reducción en Primaria y ESO no puede aprobarse por un real decreto ordinario: al estar esas ratios fijadas en la Ley Orgánica de Educación, modificarlas exige una norma con rango de ley. Tras la convocatoria electoral, CSIF pidió al Gobierno que sacara adelante estas medidas mediante un real decreto-ley —el instrumento previsto para legislar por razones de urgencia—; pero el Ministerio ha respondido hoy que no concurre la «extraordinaria y urgente necesidad» que ese instrumento exige, y ha descartado esa vía. Para CSIF, esa negativa deja la reducción de ratios en las etapas obligatorias en el aire, aplazada a la próxima legislatura.
FP: el decreto regula la privada, pero no crea plazas públicas
En Formación Profesional, CSIF no cuestiona que se regule a los centros privados: fijar requisitos comunes de calidad para evitar una oferta privada inadecuada es razonable. Lo que el sindicato critica es que el proyecto de real decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de FP —que regula también los centros asociados y los de segunda oportunidad— no cree ni una sola plaza pública nueva, cuando esa es la verdadera carencia del sistema. CSIF ya advirtió, además, de que la Ley Orgánica de FP (Ley Orgánica 3/2022) llevaba implícita la privatización del sistema.
Los datos confirman esa deriva: entre los cursos 2009-2010 y 2023-2024, la cuota pública del alumnado en FP de Grado Superior ha caído 15 puntos, mientras el alumnado de ese grado crecía un 143,5% (de 245.400 a 597.500). La causa es una inversión pública muy por debajo de la demanda, que empuja al alumnado hacia la oferta privada y ahonda la brecha territorial en el acceso a la FP pública.
El sindicato subraya, además, una incoherencia de fondo: el decreto exige a los centros privados estándares de calidad —como disponer de espacios tecnológicos para la simulación de entornos profesionales— de los que, sin embargo, excluye expresamente a los centros sostenidos con fondos públicos. CSIF reclama que esos mismos estándares se garanticen también en la red pública, con la financiación necesaria: la titularidad del centro no puede justificar un nivel de calidad distinto.
Por eso CSIF exige un plan nacional de plazas públicas de FP, con financiación finalista y prioridad en el Grado Superior; una red de Centros Integrados de FP que garantice una oferta pública completa en todo el territorio; y plantillas docentes estables con dotación suficiente de recursos para los nuevos ciclos.
Especialidad de Portugués: CSIF aprovecha para exigir el cuerpo de maestros de Portugués como lengua extranjera
La modificación de las especialidades docentes para incorporar las lenguas no oficiales que gozan de protección legal en las comunidades autónomas no termina de estar bien planteada, si bien CSIF no se opone a ella. El sindicato aprovecha la ocasión para reiterar una reivindicación propia y de distinta naturaleza: la creación de la especialidad de Portugués como lengua extranjera en el Cuerpo de Maestros, demandada desde hace años —para la que llegó a elaborarse incluso un temario—. Aunque no guarda relación jurídica directa con este real decreto, CSIF considera que es el momento de abordarla de una vez.
Reformas estructurales y a tiempo, no rehenes del calendario electoral
CSIF reitera que el sistema educativo necesita reformas estructurales y que estas deben llegar a tiempo y por la vía adecuada. El sindicato lamenta que la principal reforma prometida al profesorado quede en nada por el cálculo electoral y exige que las medidas pendientes —empezando por la reducción de ratios y de horario lectivo en las etapas obligatorias— no queden como rehenes del calendario político.