700 plazas de juez y fiscal están bien, pero no es suficiente para resolver los problemas de la administración de justicia

Ningún cambio organizativo se puede realizar a “coste cero” si no es poniendo en riesgo los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos.  La eficiencia de la Justicia sólo se puede aplicar desde la suficiencia de medios y no desde la precariedad con la que se ha tratado a este servicio público desde hace años.

 

Las oficinas judiciales están saturadas de trabajo ante la falta evidente de plantilla y, por otro lado, ante la incapacidad de las administraciones competentes, Ministerio y CCAA, de dotar con personas y de manera efectiva los puestos de trabajo ya existentes. Una vez más, CSIF reclama abordar las necesidades de plantilla de todos los cuerpos y carreras de la Justicia en una planificación a corto, medio y largo plazo basada en las cargas de trabajo reales.

 

Todavía están pendientes procesos selectivos de hace tres años y el concurso de traslados lleva sin convocarse desde 2024 tal y como el Defensor del Pueblo está investigando a petición de CSIF y la tasa de reposición obstaculiza la creación de empleo estable en Justicia.

 

El nuevo modelo organizativo naufraga ante la falta de medios personales suficientes y la inadecuación de muchas de las sedes judiciales. Cuando dentro de unos meses, estos 700 profesionales se incorporen a sus puestos de trabajo (más los otros 700 del año pasado) se van a encontrar con que la administración prestacional (Ministerio y CCAA) no tienen espacio físico para sus despachos.

 

Además, CSIF está detectando un incremento en los conflictos de atribución funcional, ausencia de protocolos claros de comunicación interna y carencias formativas en los puestos de dirección y jefatura que no se han resuelto, sino más bien agravado en las oficinas judiciales. Es imprescindible abordar el establecimiento de equipos especializados en las relaciones de puestos de trabajo que den estabilidad y, sobre todo, experiencia y conocimiento a los procedimientos de familia, mercantil, instrucción, violencia sobre la mujer, menores y vigilancia penitenciaria. Pero también es necesario revisar la necesidad de especialización por órdenes jurisdiccionales sin olvidar que este modelo organizativo basado en jerarquías se ha implantado en una administración sin la más mínima cultura de jefatura que sí se tiene, por tradición y formación, en la Administración General del Estado y de las CCAA

 

Por otro lado, CSIF recuerda al Ministro de Justicia que debe cumplir con los compromisos pactados entre ellos la regulación del Real Decreto básico de carrera profesional.

 

En este sentido, la aprobación de dos Reales Decretos leyes por la Diputación permanente cierra la puerta a cualquier excusa a terminar con la negociación de la carrera profesional y tramitar un simple Real decreto que, ni siquiera debe pasar por la citada Diputación.

 

Antes del verano, CSIF emplazó al Ministerio a que presentara una propuesta económica que permitiera avanzar en la negociación de las condiciones y requisitos de la carrera profesional.

 

Desde CSIF reiteramos que la carrera profesional que se está negociando con la valoración de itinerarios formativos orientados a las necesidades reales del servicio y evaluación del desempeño puede ser un instrumento muy útil para mejorar el servicio público y adaptarlo a las necesidades de una sociedad en contínuo cambio.