CSIF se concentra contra la discriminación al personal técnico y de gestión de los centros públicos de investigación

El sindicato se ha movilizado este miércoles en varios centros de la provincia para reclamar al Ministerio de Ciencia mejoras en la carrera profesional y en la financiación de la actividad investigadora

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia en el sector privado, se ha movilizado este miércoles frente a distintos centros públicos de investigación de la provincia de Málaga para reclamar al Gobierno garantías para la financiación de la investigación y la carrera profesional del personal técnico, de gestión y laboral investigador.

Las protestas forman parte del calendario que el sindicato ha puesto en marcha a nivel nacional para reivindicar la carrera profesional de los técnicos y del personal de gestión del Ministerio de Ciencia, que incluye paros de 15 minutos todos los miércoles en los centros de trabajo.

En Málaga, se han desarrollado ante los dos centros del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) ‘La Mayora’, ubicados en Algarrobo y en el campus universitario de Teatinos, y en el Centro Oceanográfico de Málaga, en Fuengirola.

CSIF ha planteado enmiendas a la futura Ley de la Ciencia para mejorar la carrera profesional y la financiación de la actividad investigadora a nivel nacional y ha dado traslado a los diferentes grupos parlamentarios.

El sindicato considera una prioridad para el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) que la nueva norma -actualmente en tramitación parlamentaria en el Congreso- contemple la carrera profesional para el personal técnico y de gestión de una manera similar a la que ya reconoce la propia ley para el personal investigador.

Este personal, mayoritario en las plantillas de muchos centros de investigación públicos y responsable de las tareas de gestión y apoyo a los investigadores, sigue sin ver reconocida su carrera profesional en el ámbito de la Ley de la Ciencia, lo que, para CSIF, es discriminatorio y defiende que es el momento de visibilizar el trabajo que desarrolla este colectivo y de exigir el derecho a la promoción profesional.

Además, CSIF ha propuesto una enmienda a la futura norma en la que exige que sea el propio Estado quien explote y se beneficie de los resultados de la actividad investigadora que se genere con personal y fondos públicos. Defiende que el hecho de que los derechos sobre estos resultados puedan ser transferidos al sector privado, mediante el derecho privado e incluso en algunos casos mediante adjudicación directa, perjudica seriamente los intereses públicos y priva al SECTI de posibles fuentes de financiación.

Asimismo, no es lógico que la inversión pública en ciencia genere al final beneficios para el sector privado. La futura Ley de la Ciencia debe garantizar que el Estado tenga participación en los beneficios que se puedan generar en la forma que reglamentariamente se determine.

Apuesta, además, por garantizar financiación para las líneas de investigación con el objetivo de favorecer también la estabilidad en el empleo. Solamente así, defiende CSIF, el nuevo contrato de actividades científico-técnicas que prevé la Ley será de verdad un contrato indefinido y no un contrato por obra o servicio (derogado por la Reforma Laboral) camuflado.