Funcionarios de Justicia se manifiestan en Málaga para pedir al Gobierno que negocie una mejora de sus condiciones laborales

Tras participar ayer en la masiva movilización en Madrid, cientos de trabajadores han protestado este viernes en Málaga, coincidiendo con la quinta jornada de huelga indefinida, por el reconocimiento  profesional y retributivo de las funciones que desempeñan

Los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia en la provincia se han manifestado este viernes en Málaga para reclamar una subida salarial acorde con las funciones que realizan y que no les son reconocidas ni profesional ni retributivamente.

Esta manifestación ha coincidido con la quinta jornada de huelga indefinida, convocada a nivel nacional por CSIF, junto a STAJ, CCOO y UGT, en protesta por la discriminación que vive este colectivo, que representa al 93% de la plantilla de Justicia.

Cientos de funcionarios se han sumado este viernes a la manifestación en Málaga -que ha partido a las 10.00 horas de la Gerencia del Ministerio de Justicia-, tras participar ayer en la gran marcha en Madrid, la segunda protesta multitudinaria en la capital tras la celebrada el pasado 19 de abril; unas protestas que han ido creciendo en intensidad ante la falta de respuesta del Ministerio que dirige Pilar Llop.

CSIF lamenta que el Ministerio no haya mostrado voluntad de solucionar el conflicto con una oferta seria para reconocer profesional y retributivamente el trabajo que desempeñan estos trabajadores y trabajadoras. Y recuerda que este departamento ha hecho oídos sordos a las reivindicaciones y al endurecimiento de las protestas. La central sindical lamenta profundamente los efectos negativos para la ciudadanía de estas protestas, aunque considera que el único responsable es el Ministerio, que sí ha tenido a bien atender y responder positivamente a todos colectivos.

Los funcionarios –unos 9.000 sólo en Andalucía y un total de 45.000 en el conjunto de España— están siendo tratados como trabajadores de segunda frente a otros cuerpos, que llevan décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente.

El primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios/as de Justicia ha provocado ya la suspensión y aplazamiento de más de 600.000 juicios y la paralización de 40 millones de actuaciones judiciales a nivel nacional. Esta situación ya está provocando elevadas pérdidas económicas y un perjuicio a la ciudadanía difícil de remediar por la acumulación de casos retrasados.

CSIF considera indecente e inexplicable para la opinión pública que el Ministerio de Justicia siga sin sentarse a negociar en lo que es ya un verdadero conflicto social de incalculables consecuencias. Ya son millones de personas las que se están viendo afectadas en la práctica paralización de sus asuntos judiciales y del registro civil, por la actitud intransigente del Gobierno en general y de la ministra Llop en particular, carente de voluntad de diálogo en contra de lo que manifiesta públicamente; que solo se sienta a negociar con los cuerpos de mayor titulación, ignorando y despreciando al resto.

El pasado martes se firmó el acuerdo que puso fin al conflicto abierto con jueces y fiscales sin que este colectivo haya tenido que realizar ni un solo día de huelga, lo que contrasta con la ausencia de negociación con los funcionarios. Esta circunstancia pone en duda la apuesta por el diálogo y por los servicios públicos del que hace gala este Gobierno y pone en tela de juicio su credibilidad ante los millones de ciudadanos afectados por este conflicto.

Para CSIF no hay ninguna excusa, el Ministerio tiene que sentarse a negociar la mejora retributiva de todo el personal; tiene que sentarse a negociar un nuevo catálogo de funciones de cada cuerpo funcionarial para adaptarlas a la realidad y mejorar así el servicio público reconociendo la profesionalidad del colectivo; tiene que negociar el contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa porque afecta a las condiciones de trabajo; y tiene que aprobar, previa negociación, el Real Decreto que desarrolle la carrera profesional, un derecho reconocido desde hace cuatro años y medio en la LOPJ que también se nos deniega incumpliendo la Ley.

El fin de la huelga indefinida está en manos de los responsables ministeriales de Justicia y de Hacienda y, ante su incapacidad, en manos del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez que debe actuar de inmediato y al que exigimos intervenir para abrir la negociación que pueda poner fin a este conflicto.