CSIF pone su asesoría jurídica a disposición de las empleadas y empleados públicos a los que el Gobierno y sus sindicatos aliados cierran la puerta a la jubilación parcial

El Gobierno central y sus sindicatos aliados han cerrado la puerta a la jubilación parcial de las empleadas y los empleados públicos. Desde el pasado 1 de abril el personal laboral de las administraciones públicas no puede optar a la jubilación parcial con motivo de un acuerdo de la Mesa del Diálogo Social y Pensiones  del 31 de julio de 2024 y que fue ratificado el 18 de septiembre por el Ejecutivo, CCOO y UGT.

CSIF rechaza esta decisión al considerarla del todo inapropiada puesto que supone un gran varapalo para el personal laboral fijo contratado a tiempo completo. Este pacto ha supuesto la modificación de la Ley General de Seguridad Social y, con ello, una nueva regulación de la jubilación parcial que, debido a los nuevos requisitos de acceso -ser desempleado y hacerle un contrato indefinido-,  deja a los empleados públicos sin esta posibilidad.

La modificación de la ley ha provocado que el contrato de relevo únicamente pueda cubrirse con un contrato indefinido, olvidándose de los empleados públicos, puesto que para acceder a la Administración debe hacerse mediante un proceso selectivo público, donde se presentan personas empleadas o desempleadas, y bajo los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad y los procedimientos establecidos en la ley de Función Pública correspondiente.

CSIF ha lanzado una campaña para denunciar la situación ante la opinión pública y ha puesto su asesoría jurídica a disposición de su afiliación. Mientras no se produzca un cambio legislativo, la Administración no va a parar de denegar peticiones de jubilación parcial. La Central Sindical estará atenta para censurar todos los casos y defender al personal laboral de las administraciones públicas.