CSIF denuncia ante la Síndica de Greuges la Productividad 360 de la Generalitat y exige pagar íntegramente los incentivos al personal público

  • Prensa y Comunicación

6 de marzo de 2026

 

El sindicato advierte de graves irregularidades en el cómputo del tiempo, el periodo evaluable y la protección de datos de los empleados públicos.

 

Barcelona, 5 de marzo de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia las “trampas en cadena” que siguen afectando al sistema de Productividad 360 en la Administración de la Generalitat y exige que se abone el 100% de la productividad correspondiente a 2025 a todo el personal, sin penalizaciones ni condicionantes. Ante estas irregularidades, CSIF ha trasladado una denuncia formal a la Síndica de Greuges de Cataluña para que investigue posibles vulneraciones de derechos de los empleados públicos en la aplicación de este sistema.

CSIF recuerda que los cambios anunciados recientemente por UGT y CCOO no son fruto de ningún logro sindical, sino de la presión y las denuncias de miles de trabajadores y del propio CSIF frente a un sistema que consideran injusto y arbitrario.

Aunque se han eliminado temporalmente algunas prácticas polémicas, como las votaciones secretas entre compañeros o ciertos requisitos restrictivos en el cómputo del tiempo, el sindicato advierte de que persisten graves disfunciones que ponen en riesgo los derechos laborales y salariales del personal público.

Ambigüedad en el cómputo del tiempo

CSIF denuncia que los comunicados sobre la aplicación del acuerdo contienen una ambigüedad calculada que genera inseguridad jurídica sobre cómo se computará el tiempo trabajado para cobrar la productividad. Según el sindicato, esta falta de claridad permite interpretaciones divergentes que podrían afectar directamente al salario de los trabajadores, por lo que exige a la Generalitat, UGT y CCOO que aclaren públicamente el criterio aplicable.

Incoherencias en el periodo evaluable

El sindicato también señala una contradicción entre el acuerdo firmado y las directrices de aplicación. Mientras el artículo 7 fija que el periodo evaluable debe ser el año natural, las directrices para 2025 establecen un periodo de mayo a diciembre, dejando fuera meses ya trabajados. CSIF exige explicaciones y advierte de que no pueden ser los empleados quienes paguen las consecuencias de esta incoherencia administrativa.

 

 

Riesgos para la privacidad

Otra de las preocupaciones del sindicato es la recopilación de datos personales sensibles del personal sin garantías claras sobre su tratamiento, almacenamiento o eliminación. El acuerdo no establece límites sobre cuánto tiempo puede conservar la Administración esos datos ni impide que puedan utilizarse para finalidades distintas a las inicialmente previstas.

Vuelven las evaluaciones entre compañeros

CSIF alerta además de que la eliminación de las votaciones secretas entre compañeros solo se aplicará este año, ya que el sistema prevé recuperarlas en 2026, algo que el sindicato considera una práctica “tóxica” que genera conflictos internos entre trabajadores.

Ante esta situación, CSIF reclama:

  • La derogación del modelo de Productividad 360.
  • El pago íntegro de la productividad de 2025 a todo el personal.
  • La publicación del nuevo acuerdo tras la reunión mantenida esta semana.
  • La implantación de una paga extraordinaria en abril sin condiciones ni evaluaciones.
  • Confidencialidad total de los datos generados por el sistema y eliminación de los mismos una vez pagados los incentivos.
  • La publicación del coste real de implantación del sistema y de las empresas o entidades que han participado en su desarrollo.

El sindicato concluye que el actual modelo de productividad es “profundamente engañoso para los trabajadores” y advierte de que no respaldará acuerdos que dejen al personal público “desprotegido ante prácticas que rozan la ilegalidad”.

CSIF reitera que seguirá denunciando cualquier sistema que perjudique a los empleados públicos y exige a la Administración que abandone un modelo que, a su juicio, solo ha generado malestar, burocracia y desconfianza entre los trabajadores.

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