El Juzgado cita a declarar al alcalde de Palamós, al exconcejal de Seguridad y al jefe de la Policía Local por el asunto de la multa

11 de marzo de 2024

Se investiga un presunto delito contra la administración pública, por falsificación documental y prevaricación.

El Juzgado cita a declarar al alcalde de Palamós, al exconcejal de Seguridad y al jefe de la Policía Local por el asunto de la multa

 

El juzgado de Instrucción 1 de Sant Feliu de Guíxols ha citado, el próximo 22 de mayo, como investigados, al alcalde de Palamós, Lluís Puig, al ex regidor de Seguridad Ciudadana, Alfons Bartolomé, y al jefe de la Policía Local palamosina, el inspector Josep de Monteys, por el asunto de la multa. Se investiga un presunto delito contra la administración pública, por falsificación documental y prevaricación.

 

La citación se produce dentro de las diligencias judiciales por la denuncia presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y tres de sus delegados, agentes de la Policía Local.

 

La denuncia viene originada por la multa por exceso de velocidad a un vehículo camuflado de la Policía Local y que, en contra de lo que aseguraba el jefe de la Policía, era conducido por el exregidor y cuyo copiloto era el alcalde. Una multa de 150 euros que acabó convirtiéndose en una de 900 euros.

 

Por defender a los compañeros, a uno de los delegados de CSIF le sancionaron con 6 meses de suspensión de empleo y sueldo (tema judicializado a espera de sentencia) por acudir a la radio a declarar que no era cierto que ese vehículo fuera conducido por un agente de servicio. Desde CSIF creen que “esta venganza inexplicable contra nuestro delegado no puede quedar impune”.

 

Fruto del contencioso administrativo contra esta sanción, el juez concedió la despixelación de la fotografía del radar donde se comprobaba que conducía el exregidor y el alcalde iba de copiloto.

 

“Después de negar durante meses saber nada de la multa y gastarse más de diez mil euros en el expediente contra nuestro delegado, el alcalde y el exregidor recuperaron la memoria y reconocieron ser ellos los que usaron el vehículo oficial. Pero el daño ya está hecho: la angustia de uno de los delegados suspendido seis meses de empleo y sueldo  y, peor aún, a otro de nuestros delegados, desgraciadamente, se le ha concedido una incapacidad absoluta para su trabajo”.

 

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