CSIF solicita al Ayuntamiento de Monforte la implantación de la jornada de 35 horas semanales
- Prensa y Comunicación
29 de abril de 2026
El sindicato exige la apertura inmediata de la negociación colectiva y advierte de posibles acciones legales si no hay respuesta
Lugo, 29 de abril de 2026.– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado al Ayuntamiento de Monforte la apertura inmediata de un proceso de negociación colectiva para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales entre su personal funcionario.
La petición se fundamenta en la reciente resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, publicada en el BOE el pasado 15 de abril, que establece con carácter general la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado, sustituyendo el anterior modelo de 37,5 horas.
CSIF recuerda que la normativa vigente obliga a las entidades locales a equiparar la jornada laboral de su personal con la fijada para la Administración del Estado. En este sentido, tanto la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local como la Ley de Empleo Público de Galicia establecen que la jornada de los funcionarios locales debe ser, en cómputo anual, la misma que la de los funcionarios estatales.
El sindicato sostiene que esta equiparación tiene carácter obligatorio y dinámico, por lo que la implantación de la jornada de 35 horas en la AGE debe trasladarse también al ámbito local, sin perjuicio de su concreción a través de la negociación colectiva.
Asimismo, CSIF subraya que mantener condiciones laborales distintas entre empleados públicos de diferentes administraciones vulneraría el principio de igualdad y podría generar disfunciones organizativas.
Por todo ello, la organización sindical solicita no sólo el inicio inmediato de la negociación en la Mesa General, sino también la implantación efectiva de la jornada de 35 horas y la adaptación del calendario laboral y del régimen horario a este nuevo marco.
CSIF advierte de que, en caso de inacción por parte del Ayuntamiento, se reserva el derecho a emprender las acciones legales oportunas, incluida la vía contencioso-administrativa