CSIF exige seguridad jurídica y estabilidad laboral para los trabajadores afectados por la sentencia del Tribunal Supremo sobre TRAGSA

Lugo, 12 de febrero de 2026.-  La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) manifiesta su apoyo a los trabajadores afectados por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara la nulidad de la adquisición de una acción de TRAGSA por parte de la Diputación de Lugo y de los actos posteriores derivados de esa decisión. CSIF advierte de que el fallo ha generado una situación de incertidumbre que no puede recaer, en ningún caso, sobre los empleados.

El Tribunal Supremo ha declarado nulos de pleno derecho tanto el decreto de la Presidencia de la Diputación de 2019 para adquirir la acción de TRAGSA como el acuerdo posterior para encargarle el mantenimiento de zonas verdes, al considerar que dicha decisión correspondía al Pleno de la corporación y no podía adoptarse de forma unilateral. Esta resolución, que además fija doctrina jurisprudencial sobre el uso de sociedades estatales como medios propios, ha reabierto el debate sobre la situación laboral del personal subrogado tras la disolución de la empresa pública Suplusa.

Ante este escenario, CSIF subraya que la prioridad debe ser garantizar la estabilidad laboral y la continuidad del servicio, evitando que la sentencia se utilice como arma política. “Los trabajadores no pueden ser las víctimas colaterales de las irregularidades en la tramitación administrativa o en la delimitación de competencias entre órganos de gobierno”. Por ello, exige a la Diputación de Lugo que ofrezca certezas claras y por escrito sobre la situación actual del personal.

CSIF recuerda que el colectivo afectado fue el único que no fue integrado directamente en la Diputación tras la disolución de Suplusa, a diferencia de otros trabajadores que sí pasaron a formar parte de la plantilla provincial, por lo que defiende su subrogación e integración en el personal de la Diputación.

Para CSIF, es la opción que ofrece mayores garantías de estabilidad laboral, seguridad jurídica y continuidad del servicio público. El sindicato entiende que la gestión directa permitiría además una mayor eficiencia y un mejor control de los recursos públicos, al tiempo que eliminaría la incertidumbre generada por un marco contractual que ha quedado seriamente debilitado tras el fallo del Tribunal Supremo.