La plantilla de la Prisión de Alcolea muestra su apoyo a la funcionaria agredida en Sevilla II y pide más recursos y la consideración de agentes de autoridad

Trabajadores y trabajadoras del Centro Penitenciario de Alcolea se han concentrado este martes para mostrar su apoyo a la psicóloga agredida física y sexualmente por parte de un interno el pasado 8 de julio en la cárcel de Sevilla II. La protesta, convocada por los sindicatos CSIF y ACAIP-UGT, se suma al resto de movilizaciones que se han llevado a cabo en todas las prisiones de España dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tras los graves hechos ocurrido en la prisión de Morón de la Frontera.

Asimismo, las organizaciones convocantes han trasladado sus correspondientes reivindicaciones ante la situación que sufre el colectivo de trabajadores penitenciarios. Las organizaciones han responsabilizado a la Administración de la agresión sufrida por la trabajadora como consecuencia de la falta de protección con la que el personal penitenciario realiza su labor diaria. Por este motivo, han pedido que se depuren responsabilidades y presenten su dimisión el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias, Miguel Ángel Vicente Cuenca; la subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martínez; el director de la prisión de Sevilla II, Ángel Domínguez; y el subdirector de Seguridad de dicho centro, Mario Moreno.

En este sentido, han señalado que la agresión en la prisión de Sevilla II no es un hecho aislado, ya que en los últimos años se han multiplicado las agresiones, tanto físicas como sexuales, a las trabajadoras y trabajadores penitenciarios, una realidad ante la que urge tomar medidas. En los centros penitenciarios españoles se producen una media de una agresión cada 16 horas, más de 1.000 en los últimos dos años.

Los sindicatos han exigido una respuesta eficaz e inmediata por parte de la Administración ante la escalada de conflictividad en las prisiones. Entre otras medidas urgentes, es necesario revisar y mejorar la clasificación interior de los internos, la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso antes incidentes y el reconocimiento legal como agentes de autoridad de las empleadas y empleados públicos penitenciarios.

CSIF y ACAIP-UGT han apuntado que las agresiones al personal de prisiones son el reflejo del deterioro estructural del sistema penitenciario, inmerso en una clasificación interior ‘buenista’ que da más importancia al maquillaje estadístico que a buscar soluciones en un contexto de aumento de la población reclusa. Ambas organizaciones consideran que la tolerancia ante estos episodios es normalizar la violencia institucional y vulnerar el derecho a un trabajo seguro.