CSIF rechaza la concentración en Córdoba de los casos de violencia de género de los partidos judiciales de Lucena, Cabra y Pozoblanco

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia en Córdoba y en Andalucía, rechaza la decisión adoptada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de concentrar en Córdoba capital los casos de violencia de género correspondientes a los partidos judiciales de Lucena, Cabra y Pozoblanco, una medida adoptada sin planificación ni refuerzo real de medios humanos ni materiales y que puede comprometer gravemente la protección judicial efectiva de las víctimas.

El responsable del Sector de Justicia de CSIF Córdoba, Antonio González, señala que “esta reestructuración territorial provoca la concentración todos los casos tramitados por los funcionarios del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Córdoba, un órgano que ya soporta una carga de trabajo elevada y cuya única ampliación prevista es la incorporación de un nuevo magistrado/a en la sección especializada, algo que claramente es insuficiente”.

Este representante sindical apuntó que “desde CSIF advertimos que esta decisión del departamento del Gobierno andaluz encabezado por José Antonio Nieto, lejos de mejorar la eficiencia del sistema, puede suponer un importante retroceso en la lucha contra la violencia de género al generar efectos colaterales altamente perjudiciales para las víctimas, como son desplazamientos forzosos de decenas de kilómetros para declarar, asistir a vistas o solicitar medidas cautelares, rompiendo con el principio de proximidad de acceso a la Justicia”.

El sindicato alude a los costes económicos adicionales que muchas mujeres en esta situación de vulnerabilidad no pueden asumir, con el riesgo que eso supone de que finalmente no se presente la denuncia. La central sindical también sostiene que la decisión de la Junta provocará retrasos en las resoluciones judiciales al concentrarse procedimientos de tres juzgados en un partido judicial que “ya se encuentra al límite de su capacidad”.

González apunta, además, que “la negativa de la Administración a un incremento del personal funcionario agrava la situación de colapso estructural en la jurisdicción especializada en violencia de género, una sobrecarga que afecta, no solo a la agilidad procesal, sino también a la capacidad de respuesta en momentos críticos, como es la adoptación de medidas urgentes de protección que pueden marcar la diferencia entre la seguridad o la desprotección total de las víctimas”.

Del mismo modo, CSIF considera que “esta comarcalización, en su actual diseño, no respeta las recomendaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ni garantiza el acceso efectivo e igualitario a la tutela judicial”. “La lucha contra la violencia hacia las mujeres no puede plantearse como una mera reorganización de medios sin previsión ni, mucho menos, bajo un enfoque economicista donde el ahorro presupuestario prime sobre la protección real de las personas”, según el representante sindical, quien añade que “esta reforma tampoco puede servir para seguir tensionando al personal de Justicia, que ya trabaja en condiciones extremas en órgano judiciales saturados y sin refuerzos estables”.