CSIF, STAJ, Intersindical Justicia y UGT denuncian la implantación improvisada y sin recursos de la reforma judicial en la Comunidad Valenciana

Las organizaciones sindicales CSIF, STAJ, Intersindical Justicia y UGT denuncian públicamente que la implantación de los Tribunales de Instancia, las Oficinas Judiciales, las Oficinas Generales del Registro Civil y las Oficinas de Justicia en los Municipios en la Comunidad Valenciana se está llevando a cabo de manera improvisada, sin financiación, sin planificación, sin participación y sin evaluación alguna de impacto, constituyendo una vulneración evidente de los derechos laborales y d ellos principios organizativos más básicos de cualquier Administración de Justicia Pública.

La reforma derivada de la Ley Orgánica 1/2025 se está utilizando como excusa para imponer un modelo organizativo completamente alejado de la realidad de los órganos judiciales. No existe dotación presupuestaria adicional, ni adaptación de infraestructuras, ni estudio de cargas de trabajo, ni participación de las plantillas ni de sus representantes legales, reduciendo la transformación a una actuación meramente cosmética cuyo propósito es aparentar un cambio estructural inexistente.

Además, lejos de mejorar el servicio público de Justicia, esta implantación aboca un deterioro acelerado del servicio público ya anunciado por los propios responsables públicos al confirmar que no se destinará ni un solo euro más a su desarrollo. Este escenario, unido a la aprobación de las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo consolidan déficits estructurales históricos, renuncian a reforzar las plantillas, aumentan la burocracia y reducen la capacidad operativa de juzgados y oficinas, con perjuicio directo para la ciudadanía.

Los sindicatos denuncian asimismo que no se ha consolidado ningún puesto de trabajo en situación de fraude de ley, incumpliendo la normativa vigente, lo que evidencia que el objetivo real no es fortalecer el Servicio Público de Justicia, sino perpetuar la precariedad y la desprotección de las personas trabajadoras.

La supuesta especialización funcional que se anuncia se traduce, en la práctica, en una polivalencia forzosa, sin criterios comunes, ni garantías, sometida a decisiones funcionales  arbitrarias que generan inseguridad operativa y desplazando actividades sin planificación ni control, con consecuencias inmediatas en la correcta tramitación, en la salud laboral y en el derecho a una justicia eficaz.

Por todo ello, CSIF, STAJ, Intersindical Justicia y UGT exigimos a la Administración una reforma real y responsable, con financiación suficiente, planificación efectiva, negociación colectiva y respeto a los derechos laborales, que permita mejorar de verdad el servicio público de Justicia que merece la ciudadanía.