EL TIEMPO DA LA RAZÓN A CSIF

El pasado 3 de julio, en rueda de prensa, la Secretaria General de UGT Servicios Públicos y el Coordinador de área Pública de CCOO han manifestado que el 0,5 que quedaba pendiente de abonar a los empleados públicos lo consideran “insuficiente”. Es curioso que, los mismos protagonistas que se encargaron de vender como un rotundo éxito hace unos años y que nos condenó a seguir perdiendo poder adquisitivo a todos los empleados públicos, resulta que ahora lo consideran “insuficiente”.

 

Es por ello que CSIF NO FIRMÓ ese acuerdo

 

-Acciones de CSIF para revertir los recortes.

CSIF pide la restitución de la estructura salarial y la paga extra íntegra que los empleados públicos perdieron tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2010: Este decreto, aprobado en un contexto de crisis económica excepcional, impuso recortes que redujeron la masa salarial del sector público entre un 5% y un 10%.

Tras más de 14 años, la situación económica ha cambiado drásticamente, pero las condiciones salariales de los empleados públicos siguen sin ser revertidas. 

Desde la aprobación del Real Decreto-ley, CSIF ha mantenido una intensa lucha por la restitución de los derechos salariales. Entre las acciones emprendidas destacan:

1. Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas (art. 36.1 del Estatuto Básico del Empleado Público)

En la Mesa 36.1, CSIF subrayó la urgencia de abordar esta desigualdad retributiva, que afecta a miles de empleados públicos, El sindicato demanda medidas concretas y efectivas que reviertan de manera definitiva los recortes salariales, adaptándose al actual contexto económico.

 

 

2. Enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE):

CSIF ha presentado propuestas para actualizar la redacción del artículo 19 del Proyecto de Ley de los PGE de 2023, buscando que las pagas extraordinarias incluyan el 100% de las retribuciones básicas y complementarias, tal como establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

 

 

3. Iniciativa Legislativa Popular (ILP):

En mayo de 2023, CSIF llevó al Congreso una ILP para recuperar la estructura salarial previa a 2010, incluyendo la paga extra íntegra. La Mesa del Congreso, compuesta en su mayoría por diputados del Grupo Socialista y Unidas Podemos, rechazó su tramitación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional recientemente, ha admitido a trámite el recurso de CSIF contra esta decisión, al considerar que concurre en este caso una “especial trascendencia constitucional” y podría tener consecuencias sociales y políticas generales.

Este avance supone un paso clave para que la ILP pueda ser debatida en el Parlamento y se aborde, por fin, la restitución de los derechos salariales perdidos por los empleados públicos desde 2010.

 

4. Innumerables peticiones de negociación urgente:

CSIF exige la convocatoria inmediata de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para acordar medidas que restituyan las condiciones salariales.

 

 

5. Concentraciones:

CSIF ha convocado movilizaciones en toda España para exigir la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y el cobro íntegro de la paga extra. Estas concentraciones se han llevado a cabo frente al Ministerio de Hacienda y en las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias, como por ejemplo la del 16 de diciembre de 2024 o el 4 de abril de 2025.

 

 

6. Petición formal al gobierno para Iniciar las negociaciones sobre las retribuciones de los empleados públicos:

El 16 de mayo de 2025 CSIF registró una petición formal al gobierno en el palacio de la Moncloa para que por fin el gobierno inicie la negociación de un nuevo acuerdo salarial.

 

 

Según cálculos de CSIF a partir de las retribuciones medias, la congelación salarial retiene ya 1.200 millones de euros a las/os trabajadores del conjunto de las Administraciones.

Como consecuencia de la evolución de los precios (el IPC correspondiente al mes de abril arrojó una subida del 2,2 por ciento) los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 8,2 por ciento desde la firma del último acuerdo salarial y de casi un 20 por ciento de la bajada de sueldo decretada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010.