CSIF Madrid exige una reunión urgente a la Dirección General de Relaciones con la Justicia: la administración deja a los equipos psicosociales sin formación técnica y bajo cargas asfixiantes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado una reunión urgente con la Dirección General de Justicia ante el silencio administrativo que persiste desde el pasado octubre: tras ocho meses sin propuestas, el sindicato denuncia que la Administración no solo ignora las reclamaciones salariales y horarias, sino que mantiene a los equipos psicosociales en un peligroso vacío técnico.

Formación inexistente para una labor crítica

CSIF tilda de inadmisible que el actual Plan Formativo de la Comunidad de Madrid omita la especialización técnica para psicólogos y trabajadores sociales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF). Mientras se les exige una responsabilidad máxima en informes que deciden custodias o valoran el riesgo de violencia, la Administración solo les ofrece cursos de ofimática o idiomas. CSIF exige un itinerario formativo reglado y el reconocimiento de la especialidad de Psicología Forense, garantizando así que las evaluaciones periciales se basen en una metodología científica sólida y actualizada.

Cargas de trabajo frente a buenas prácticas

El sindicato reitera que la instrucción de finalizar cinco informes mensuales es inasumible con el rigor que exige la ley. De esta manera se está primando la cantidad sobre la calidad en temas tan sensibles como el abuso infantil o la violencia de género. Desde CSIF exigimos la retirada de objetivos puramente numéricos que pueden derivar en mala praxis forzada.

Discriminación salarial y falta de protección

La precariedad también es retributiva. Desde CSIF denunciamos que un técnico superior percibe la mitad de complemento específico que personal administrativo de menor titulación en la misma jurisdicción.

A esto se suma el desamparo institucional ante el acoso en redes sociales, por lo que urgimos a implantar la identificación mediante el Número de Registro Personal (NRP) y a impartir formación específica para que los mandos sepan activar la protección jurídica de sus empleados.

CSIF no permitirá que la modernización de la Justicia madrileña se haga a costa de la salud laboral y el rigor técnico de sus profesionales. El sindicato exige soluciones inmediatas para consolidar la excelencia de un servicio que afecta directamente a los derechos fundamentales de miles de ciudadanos.