La Comunidad de Madrid sigue sin hacer frente a los problemas del gas radón en las oficinas de los Agentes Forestales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha solicitado con carácter urgente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior el traslado de los trabajadores de las Oficinas Comarcales de San Lorenzo de El Escorial y de Cercedilla del Cuerpo de Agentes Forestales a unos centros de trabajo que cumplan con la normativa de prevención de riesgos laborales.

En estas oficinas se continúan detectando riesgos laborales debidos a la exposición al gas radón, así como otras deficiencias en las instalaciones.​

CSIF hace unos meses denunció la situación en las instalaciones de San Lorenzo de El Escorial, alertando de que las mediciones realizadas entre octubre de 2013 y enero de 2024 marcaron unos niveles por encima de los 800 becquerelios por metro cúbico (Bq/m³), cuando el máximo permitido por la legislación es de 300.

Durante la última reunión del Comité de Prevención CSIF ha vuelto a dar la alarma ya que no se han tomado medidas definitivas para erradicar estos problemas.

A raíz de las denuncias de CSIF la Consejería contrató e instaló maquinaria específica de extracción de aire. Sin embargo, CSIF ha expresado dudas sobre la idoneidad de estos equipos, ya que la instalación ha resultado deficiente, generando problemas adicionales como contaminación acústica: el ruido constante de las unidades exteriores supone un nuevo riesgo laboral sin que se hayan realizado mediciones acústicas para avalar el funcionamiento de los equipos.

​La última medición realizada en junio arrojó resultados inferiores a los límites normativos, pero el propio interlocutor de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM), organismo responsable del cuerpo de agentes forestales, ha reconocido la invalidez de dichas mediciones por no ajustarse a los estándares exigidos. Según la administración autonómica, se prevé la realización de una nueva medición conforme a la normativa para determinar la situación real.

​Además, CSIF lamenta que, a pesar de la exposición a un agente cancerígeno, la administración no haya previsto la realización de reconocimientos médicos específicos para el personal afectado, incumpliendo el deber de vigilancia recogido en el artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

Pero a los problemas del gas radón también se suman otros, como la humedad existente en las instalaciones: CSIF ha denunciado que se podrían generar riesgos con la aparición moho y provocar afecciones respiratorias y alergias. Este es otro punto en el que no existe una evaluación adecuada por parte de la administración autonómica.

​Ante este escenario en el que se está poniendo en riesgo, y de manera grave, la salud de los trabajadores, CSIF Madrid exige que, hasta que las oficinas sean certificadas como entornos 100% seguros -con mediciones válidas y contrastadas de todos los agentes de riesgo-, la Comunidad de Madrid garantice el traslado inmediato de todos los trabajadores afectados a otras ubicaciones donde sí se cumpla con la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.