El sindicato critica también que la OEP 2025 mantenga la tasa de reposición, lo que impide cubrir necesidades reales de personal y perpetúa la alta temporalidad en muchas áreas críticas de la administración. A ello se suma la reducción significativa de plazas en promoción interna, la exclusión del personal laboral en el Exterior y la ausencia de medidas que garanticen una carrera profesional digna para los empleados públicos.
En paralelo, CSIF considera “inaceptable” la incorporación de una tasa adicional solo para el País Vasco en el ámbito de la Justicia, lo que, en su opinión, rompe el principio de equidad en el acceso a los servicios públicos.
Atrasos salariales y pérdida de poder adquisitivo
El malestar del sindicato no se limita al número de plazas. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó, con varios meses de retraso, la aplicación de la subida salarial del 0,5 % pactada en 2023. La medida se adopta tras una intensa presión sindical liderada por CSIF, que ha organizado decenas de movilizaciones desde principios de año.
Aunque el abono de los atrasos comenzará a aplicarse previsiblemente en la nómina de julio, el sindicato asegura que el Gobierno sigue teniendo una deuda pendiente con los empleados públicos. Según sus cálculos, la congelación de retribuciones supone una retención de más de 1.800 millones de euros, lo que agrava aún más la pérdida de poder adquisitivo del colectivo.
De hecho, CSIF advierte que la inflación sigue mermando los salarios públicos. Con un IPC interanual del 2,2 % en junio, la pérdida de poder adquisitivo desde el último acuerdo salarial se sitúa ya en torno al 8 %, y se eleva hasta el 20 % si se compara con los recortes de 2010 aplicados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una función pública envejecida y sin relevo
Los datos demográficos que maneja el sindicato son igualmente preocupantes. Más del 55 % del personal de la AGE se jubilará en la próxima década y uno de cada cinco empleados ya supera los 60 años. Este envejecimiento, advierte CSIF, compromete gravemente la continuidad y calidad de los servicios públicos.
A esta situación se suma la lenta ejecución de los procesos selectivos, que mantiene sin cubrir unas 28.400 plazas de anteriores convocatorias. Algunas de ellas han caducado, como ocurrió con las ofertas de 2019, 2020 y 2021, por lo que ni siquiera se ejecutarán.
CSIF exige un nuevo acuerdo de legislatura
Frente a este escenario, el sindicato ha reclamado la convocatoria urgente de la mesa de negociación para cerrar un nuevo acuerdo que permita avanzar en la mejora de condiciones laborales. Entre sus principales reivindicaciones destacan:
- Aplicación inmediata de la subida salarial de este año.
- Eliminación de la tasa de reposición.
- Establecimiento de la jornada de 35 horas semanales y extensión del teletrabajo.
- Carrera profesional efectiva y equiparación salarial entre administraciones.
- Recuperación de la estructura salarial previa a 2010.
- Mejora de las condiciones de jubilación en todos los regímenes.
- Revisión de los grupos profesionales.
CSIF ya ha advertido que, si el Gobierno no da pasos concretos en los próximos meses, retomará las movilizaciones a partir de septiembre. “No se puede seguir gobernando de espaldas a las necesidades de las administraciones y del personal que garantiza los servicios públicos”, concluyen.