La DGT agoniza en Cataluña: 19 funcionarios dejan su plaza y CSIF alerta de un “colapso anunciado”

  • Prensa y Comunicación

8 de septiembre de 2026

 

Girona pierde 4 efectivos en el último concurso y una plaza queda desierta; 14 de los 19 funcionarios que abandonan sus plazas se marchan definitivamente de Cataluña

Barcelona, 8 de septiembre de 2026.La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que Cataluña pierde personal de Tráfico a marchas forzadas. El último concurso general de provisión de puestos de trabajo de la Jefatura Central de Tráfico deja 19 plazas vaciadas o con cambio de destino en las cuatro provincias catalanas y dos plazas desiertas, según los datos de la resolución publicada hoy en el BOE.

Para CSIF, el resultado confirma una situación que ya es estructural: los funcionarios llegan a Cataluña, pero se marchan en cuanto encuentran una oportunidad para cambiar de destino. De las 19 personas que dejan sus plazas, 14 abandonan definitivamente Cataluña y solo 5 se reubican dentro del territorio catalán.

El caso de Girona es especialmente grave. La Jefatura Provincial pierde 4 efectivos y una plaza queda desierta de un total de solo 6 puestos convocados. Barcelona pierde 7 funcionarios y también deja una plaza sin cubrir, mientras que Lleida y Tarragona pierden 4 efectivos cada una.

“Cataluña es un destino de paso y el Ministerio lo está permitiendo”

CSIF denuncia que el problema ya no puede presentarse como una situación puntual derivada de un concurso de traslados. La fuga de funcionarios pone en cuestión la capacidad de las jefaturas para mantener los servicios con unas plantillas suficientes y estables.

«Cataluña se ha convertido en un destino de paso para los funcionarios del Estado. Vienen porque necesitan una plaza, pero se marchan a la primera oportunidad. El Ministerio sabe perfectamente qué está pasando y, aun así, continúa sin poner sobre la mesa ninguna solución real.»

El sindicato señala directamente la falta de incentivos económicos y el elevado coste de vida como uno de los principales factores que explican esta situación. Sin medidas que compensen esta realidad, CSIF considera imposible retener a los profesionales y evitar que las plantillas se vacíen concurso tras concurso.

El problema acaba pagándolo el ciudadano

El impacto no quedará limitado a las oficinas de la Administración. CSIF advierte de que la pérdida de efectivos se traducirá en más esperas para obtener el permiso de conducir, retrasos en la tramitación de vehículos y más dificultades para conseguir cita previa y ser atendido.

Las cifras dan la dimensión del problema: más de un 66% de las plazas convocadas en Cataluña quedan vacantes o vaciadas tras la resolución del concurso.

«Lo que hoy pierde Tráfico en personal, mañana lo pagará la ciudadanía en forma de esperas, retrasos y peor servicio. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras las jefaturas se quedan sin efectivos.»

CSIF exige al Ministerio que actúe

Ante este escenario, CSIF reclama al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico un plan de choque inmediato que permita recuperar los efectivos perdidos y frenar la fuga de profesionales.

El sindicato exige:

  • Un complemento de territorialidad o una indemnización por residencia que compense el coste de vida en Cataluña y haga posible retener a los funcionarios.
  • La cobertura inmediata de las 16 vacantes generadas y plazas desiertas, mediante comisiones de servicio o personal interino de refuerzo.
  • Un dimensionamiento real de las plantillas en las próximas Ofertas de Empleo Público, con plazas fijas de adscripción en las jefaturas catalanas.

CSIF considera que no basta con convocar plazas: hay que conseguir que los funcionarios quieran quedarse. Si el Ministerio no actúa, advierte el sindicato, la pérdida de personal continuará deteriorando unos servicios que ya trabajan al límite.

CSIF exige que el Ministerio deje de tratar Cataluña como un destino provisional y actúe de una vez para garantizar plantillas estables, suficientes y capaces de prestar el servicio público que merece la ciudadanía.

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