CSIF exige prioridad para el personal de Extranjería en el proceso de regularización extraordinaria en Cataluña

 

Barcelona, 25 de marzo de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Cataluña que garantice la participación prioritaria del personal de las Oficinas de Extranjería en el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, denunciando la falta de información, transparencia y planificación en el desarrollo de este dispositivo.

El sindicato ha presentado un escrito formal al delegado del Gobierno en Cataluña en el que exige explicaciones sobre la exclusión del personal de las subdelegaciones de Girona, Lleida y Tarragona —y sus respectivas oficinas de extranjería— de la primera fase del proceso, en la que sí participarán oficinas de otras provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Illes Baleares, Murcia, Málaga, Almería y Bizkaia.

 

Exclusión incomprensible pese al alto volumen de población extranjera

CSIF considera “un despropósito” esta decisión, teniendo en cuenta que las cuatro provincias catalanas se encuentran entre las diez con mayor índice de población extranjera. En concreto, Girona cuenta con cerca de 178.500 personas extranjeras, Tarragona con 155.700 y Lleida con 91.400.

El sindicato denuncia que, pese a estos datos, las oficinas de extranjería de estas tres provincias deberán asumir un elevado volumen de trabajo sin participar en la fase inicial del proceso. “Girona, por ejemplo, tiene más población extranjera que provincias incluidas como Almería o Bizkaia, y aun así ha sido excluida”, subrayan desde la organización.

Falta de información y malestar en las plantillas

CSIF alerta de la opacidad del proceso y del malestar creciente entre el personal afectado, que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre su papel en este dispositivo. Esta falta de información contrasta con lo que está ocurriendo en otros ámbitos de la Administración General del Estado (AGE), así como en entidades como Correos o empresas públicas como TRAGSA, donde ya se han organizado turnos, horarios y condiciones económicas para el personal voluntario.

En estos casos, se han establecido gratificaciones de 25 euros por hora para tareas de apoyo y soporte informático, y de 35 euros por hora para funciones de coordinación.

 

Reclaman igualdad de trato y participación voluntaria retribuida

CSIF considera “totalmente incomprensible” que, mientras se avanza en la organización de recursos externos con condiciones ya definidas, el personal de las Oficinas de Extranjería —auténticos pilares de este proceso— quede al margen.

El sindicato subraya que estos profesionales cuentan con la experiencia y formación necesarias para desarrollar estas funciones de manera inmediata, sin necesidad de preparación adicional. Por ello, defiende que la sobrecarga de trabajo que ya soportan no puede utilizarse como excusa para excluirlos, sino que debe garantizarse su participación voluntaria y retribuida en igualdad de condiciones que otros colectivos, evitando un claro agravio comparativo.

Asimismo, recuerda que, una vez finalizado el proceso, será este mismo personal quien deberá asumir en solitario la revisión de los expedientes tramitados, por lo que considera “de justicia” que sean los primeros en acceder a estas tareas y a las correspondientes gratificaciones.

CSIF rechaza la externalización del servicio

El sindicato ha solicitado que, antes de recurrir a recursos externos, se ofrezca formalmente al personal de las Oficinas de Extranjería y de la Delegación del Gobierno en Cataluña la posibilidad de participar en el proceso de forma voluntaria y retribuida.

Además, ha pedido que se traslade al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la queja por la falta de información y la incertidumbre generada, especialmente cuando en otros ámbitos administrativos ya se conocen con detalle las condiciones laborales y organizativas del dispositivo.

CSIF advierte de que esta falta de planificación no solo perjudica a los trabajadores y trabajadoras, sino que también puede comprometer la calidad del servicio público, afectando a la atención ágil, eficaz y coordinada que deben recibir las personas extranjeras.

CSIF continuará defendiendo los derechos del personal de Extranjería y exige soluciones inmediatas para garantizar un proceso justo, eficiente y transparente.