CSIF exige la activación de la bolsa de empleo de los bomberos de la Diputación de Valladolid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado un requerimiento formal dirigido a la Diputación de Valladolid, en el que exige la activación inmediata de la bolsa de empleo resultante de la última convocatoria de oposiciones al Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

Esta solicitud llega tras varios escritos previos de la sección sindical de CSIF, sin que la Diputación haya dado respuesta. El sindicato recuerda que la bolsa de empleo está regulada en las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, y su puesta en marcha permitiría reforzar una plantilla insuficiente, reducir la carga laboral y garantizar un servicio seguro y eficaz para los municipios de la provincia.

Desde CSIF se advierte que, si la administración provincial persiste en su inacción, el sindicato no descarta iniciar las correspondientes acciones legales para defender el interés general, el empleo público y la salud laboral del colectivo de bomberos.

La situación actual se remonta al 31 de diciembre de 2020, cuando expiró el convenio entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Diputación para la prestación del servicio en los municipios del alfoz. Desde el 1 de enero de 2021, la Diputación asumió en solitario este servicio, que da cobertura a más de 100.000 habitantes en 36 municipios. Sin embargo, las soluciones provisionales adoptadas se han perpetuado, afectando negativamente a la calidad y seguridad del servicio.

Aunque en diciembre de 2023 se convocaron oposiciones y los nuevos bomberos tomaron posesión a finales de enero de 2024, actualmente siguen sin cubrirse 17 vacantes estructurales. En lugar de recurrir a la bolsa de empleo, la Diputación recurre de forma abusiva a las horas extraordinarias, con el consiguiente desgaste de la plantilla y el riesgo para la operatividad del servicio.

CSIF reclama transparencia sobre los criterios que están llevando a mantener inactiva una bolsa de empleo válida, con candidatos disponibles y capacitados para asumir sus funciones de forma inmediata. El sindicato recuerda que en procesos anteriores sí se utilizó este recurso para cubrir interinidades y garantizar la continuidad del servicio.

Bloquear estas contrataciones supone un freno al empleo público, incrementa el coste operativo y eleva los riesgos derivados de una sobrecarga de trabajo insostenible.