CSIF denuncia que el Gobierno detrae casi 310 millones de euros del presupuesto de Educación para cubrir gastos de personal de otro ministerio.

— El Consejo de Ministros del 14 de julio autorizó una transferencia de 309.840.377,20 euros desde el Ministerio de Educación al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para financiar insuficiencias en el capítulo 1, «Gastos de personal».
— Mientras la educación arrastra una interinidad docente del 31 %, plantillas insuficientes y centros deteriorados, el Gobierno demuestra que no es su prioridad al renunciar a ese dinero.
— Las mayores carencias se dan, además, en lo que el Ministerio gestiona en exclusiva —Ceuta, Melilla y la educación en el exterior—, donde no cabe excusa competencial.
— CSIF llama a la movilización: concentración el 15 de septiembre ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en defensa de la educación pública.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia que el Gobierno ha autorizado detraer casi 310 millones de euros del presupuesto del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para financiar gastos de personal de otro departamento, una decisión que evidencia, un año más, el escaso peso que la educación tiene para este Ejecutivo.

El pasado 14 de julio, el Consejo de Ministros autorizó, a propuesta del Ministerio de Hacienda, una transferencia de crédito por importe de 309.840.377,20 euros desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para financiar insuficiencias en el capítulo 1, «Gastos de personal». Es decir, casi 310 millones de euros que figuraban en el presupuesto de Educación se destinan a cubrir gastos de personal de otro ministerio (referencia oficial del Consejo de Ministros de 14 de julio de 2026, apartado de Hacienda).

Para CSIF, resulta muy difícil de justificar que se renuncie a esa cantidad en Educación cuando el sistema arrastra deficiencias estructurales de primer orden. La interinidad docente alcanza el 31,2 % —200.543 profesores y profesoras interinos, casi cuatro veces el objetivo del 8 % de temporalidad—; las plantillas son insuficientes para atender a un alumnado cada vez más diverso, con un alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que se ha multiplicado por más de tres desde 2011; y buena parte de los centros arrastra deficiencias de climatización, ventilación y eficiencia energética. Que, en ese contexto, el presupuesto de Educación sirva para tapar gastos de personal ajenos confirma que la educación no es una prioridad para este Gobierno.

El contraste es aún más severo en los ámbitos de gestión directa y exclusiva del Ministerio, donde no cabe apelar al reparto competencial con las comunidades autónomas. En Ceuta y Melilla, cuya educación depende directamente del MEFPyD, se concentran algunos de los peores indicadores del sistema: Melilla figura entre los gastos por alumno más bajos de toda España (6.049 euros) y Ceuta también se sitúa por debajo de la media nacional (7.141 euros, frente a los 7.421 de media), con una interinidad docente que en Ceuta alcanza el 35,8 %, aulas con ratios elevadas, infraestructuras deficientes y una alta complejidad socioeducativa. A ello se suma la educación española en el exterior —igualmente competencia directa del Estado—, que arrastra precariedad laboral del profesorado desplazado y una falta crónica de inversión. Que se detraigan casi 310 millones de un presupuesto que no cubre siquiera las necesidades de lo que el propio Ministerio gestiona en exclusiva retrata sus prioridades.

La operación pone de manifiesto, además, que existía crédito disponible en Educación que, en lugar de destinarse a sus propias necesidades, se transfiere a otro departamento. Ese margen no se ha traducido en reducir la interinidad, en reforzar las plantillas de apoyo —profesorado de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje y orientadores— ni en poner al día unos centros que, en muchos casos, no cumplen la normativa básica de temperatura y ventilación.

Por todo ello, CSIF llama a la movilización. El sindicato se concentrará el próximo 15 de septiembre ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en defensa de la escuela pública y de unas condiciones dignas para el profesorado, y hace un llamamiento al resto de organizaciones sindicales y a la comunidad educativa para que se sumen. CSIF exige una premisa elemental: que los recursos de la educación se destinen a la educación —a reducir la interinidad, a reforzar las plantillas y los recursos de apoyo, y a poner los centros a la altura del siglo XXI—, y reclama las reformas estructurales de fondo que el sistema necesita, y no gestos que envían el mensaje contrario.

CSIF Educación