Once años de García-Page: los recortes en los servicios públicos siguen sin revertirse

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, denuncia que, cuando se cumplen mañana once años de la llegada de Emiliano García-Page a la presidencia de la Junta de Comunidades, los empleados públicos siguen soportando buena parte de los recortes implantados durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal.

Tras más de una década al frente del Ejecutivo autonómico, CSIF considera injustificable que continúen sin recuperarse derechos fundamentales y que la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores públicos siga acumulando retrasos, mientras son estos profesionales quienes sostienen cada día la sanidad, la educación, los servicios sociales, la administración general y el resto de servicios esenciales.

Uno de los ejemplos más evidentes es la ausencia de la carrera profesional para el personal funcionario y laboral de la Junta de Comunidades. Mientras el Sescam ha iniciado una convocatoria extraordinaria, este derecho continúa bloqueado para miles de trabajadores de la Administración General y de numerosas administraciones locales, pese a las reiteradas peticiones de negociación realizadas por CSIF. Asimismo, continúa derogado el Plan de Acción Social, instaurado en 1988 y suprimido por Cospedal.

Del mismo modo, Castilla-La Mancha mantiene una tasa de temporalidad del 35,5%, muy alejada del objetivo del 8%, con decenas de miles de trabajadores en situación de inestabilidad laboral.

Los docentes interinos siguen sufriendo, además, una discriminación que se prolonga año tras año al no percibir las retribuciones del verano salvo en condiciones muy restrictivas, una situación que otras comunidades autónomas ya han corregido y dentro de una situación de malas condiciones laborales que están siendo ‘blanqueadas’ por acuerdos con sindicatos afines. En Sanidad, a la saturación asistencial, la dilación en las citaciones en Atención Primaria, los episodios de colapso en Urgencias hospitalarias, el incremento de las listas de espera o el cierre de camas durante el verano, se suma que los trabajadores siguen sin cobrar la productividad variable, todavía pendiente desde 2020.

CSIF también denuncia la falta de cobertura de bajas, jubilaciones y vacantes, lo que provoca una sobrecarga permanente de trabajo para unas plantillas cada vez más tensionadas y repercute directamente en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. No en vano, el personal funcionario y laboral está sufriendo una continuada política de desdotación y amortización de plazas.

Mientras tanto, desde que García-Page accediese a la presidencia de la Junta de Comunidades el 4 de julio de 2015, las subvenciones concedidas a los sindicatos de clase ascienden a 56,2 millones de euros, muchas de ellas asociadas a mejorar la calidad del empleo o a reducir la siniestralidad. CSIF no sólo censura estas ayudas, de las que reclama su devolución, sino que además critica la falta de un verdadero diálogo social del Gobierno regional, ya que sigue sin reunirse con el primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha mientras subvenciona a organizaciones afines.

Asimismo, el personal eventual (asesores, jefes de gabinete, coordinadores, adjuntos…) sigue creciendo ascendiendo a 136 personas, tras los dos nuevos asesores creados el pasado miércoles, con un cargo para las arcas públicas que supera los 5 millones de euros de acuerdo a los Presupuestos General de Castilla-La Mancha 2026.

A ello hay que añadir que el Gobierno regional contaba en su organigrama con 149 altos cargos en 2025 -desde entonces no actualiza su número-, que supusieron un coste anual total de más de 10.6 millones de euros en retribuciones. En 2017, primer año en el que el Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha publicó la relación de altos cargos, el número de estas figuras institucionales se situaba en 76 y suponían un gasto para las arcas castellano-manchegas de 4.8 euros. Es decir, en ocho años se ha duplicado su número y su gasto.

El gasto político también se ha traducido en un aumento de la estructura del Ejecutivo: en 2019 se crearon nuevas consejerías (Desarrollo Sostenible e Igualdad y Portavoz) conformando un total de 39 direcciones generales, y en 2023 se generaba una vicepresidencia segunda y se aumentaba a 50 direcciones generales.

Para la Central Sindical resulta especialmente preocupante que, once años después del cambio de gobierno, continúen vigentes políticas que los empleados públicos identifican con la etapa de los recortes. No caben excusas ni referencias a la herencia recibida: tras más de una década de gestión, la responsabilidad de mantener estas carencias corresponde exclusivamente al actual Ejecutivo regional.