CSIF denuncia que el anteproyecto de Ley de FP presenta carencias estructurales graves que afectarán a miles de docentes de la región

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el anteproyecto de Ley de Formación Profesional presentado por la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha y aprobado ayer por el Consejo de Diálogo Social ignora las condiciones laborales del profesorado, no garantiza financiación y consolida la sobrecarga de trabajo. Se trata de un texto de 54 artículos que pretende regular todo el sistema de Formación Profesional (FP) pero que presenta carencias estructurales graves que afectarán directamente a las condiciones de trabajo de miles de docentes.

“No se trata de pequeños matices técnicos, hablamos de un anteproyecto que crea obligaciones para el profesorado, pero no establece ni una sola garantía laboral. Además de imponer formación dual sin reducción horaria, genera estructuras burocráticas sin presupuesto. Es una ley vacía que se ejecutará, como siempre, a costa del profesorado”, subraya el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.

El sindicato lamenta que el anteproyecto de Ley no garantiza que dicha formación se realice en horario laboral como en otras comunidades autónomas donde ya está regulado. “La Consejería se reserva la puerta abierta para obligar a la formación fuera de tu jornada laboral, sin reconocimiento horario, sin compensación económica, sin nada”, insiste Martínez.

Además, el anteproyecto establece que toda la formación profesional de Grados C (certificados profesionales) y D (ciclos formativos) tendrá carácter dual. Es decir, combinará formación en el centro educativo con formación en empresa. El problema, asegura Martínez, es que dicho texto “no concreta absolutamente nada sobre quién asume esa carga de trabajo”.

Asimismo, el artículo 31.2 del anteproyecto establece que el profesorado de FP “podrá impartir formación en centros de formación profesional no incorporados al sistema educativo siempre que cumpla con los requisitos de compatibilidad establecidos en la normativa vigente”, lo que incumple la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha, las cuales establecen que un funcionario docente no puede realizar actividad privada retribuida relacionada con su puesto. “Un profesor de un instituto público no puede compatibilizar legalmente con impartir formación en un centro privado de FP, porque vulnera el régimen de incompatibilidades. Es decir, la Consejería está vulnerando las propias leyes”, apunta Martínez.

Financiación y condiciones laborales

Con respecto a la financiación del anteproyecto de Ley, CSIF lamenta que en el único artículo destinado a tal fin no se haya establecido la cuantía que se invertirá ni de dónde procederá. “Una ley sin financiación es una ley vacía. Es papel mojado que se ejecutará a costa del profesorado”, señala Juan Luis Martínez, quien asegura que además tampoco regula ni una sola condición laboral del profesorado de FP.

Mientras que en otras comunidades autónomas como Aragón o Andalucía se recogen complementos retributivos o se establecen sexenios específicos para profesorados de FP, en Castilla-La Mancha el silencio es absoluto. “El anteproyecto crea obligaciones para el profesorado —formación, proyecto dual, coordinación, redes— pero no crea derechos. Exige, pero no reconoce. Impone, pero no compensa. Sobrecarga, pero no financia”, subraya Martínez.

Por todo ello, el sindicato ha presentado 17 alegaciones técnicas al anteproyecto, exigiendo:

• Formación en horario laboral (como establece la ley nacional y como ya regulan otras comunidades autónomas).
• Reducción horaria obligatoria para profesorado en dual (mínimo 2 horas lectivas semanales) y 6 para tutores.
• Límite máximo de 15 alumnos por tutor en seguimiento de empresa.
• Regulación de expertos: solo cuando bolsas de interinos estén agotadas, con retribución igual a interino
• Supresión del artículo 31.2 sobre compatibilidad (o limitarlo a centros públicos con régimen claro).
• Recursos reales para centros líderes (plantilla adicional, presupuesto, reducción lectiva).
• Financiación concreta: mínimo 12% del presupuesto de las consejerías con competencias en FP, con incremento anual según IPC.

“No vamos a permitir que esta ley pase sin garantías reales para el profesorado. No firmamos acuerdos en blanco”, concluye Martínez.