CSIF insiste en la creación del delegado/a especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género y el refuerzo de los órganos judiciales
25 de noviembre de 2025
-El sindicato reclama más implicación institucional ante una realidad alarmante: 38 mujeres y 3 menores asesinados en 2025.
-La figura especializada permitirá detectar casos, acompañar a víctimas y garantizar entornos laborales seguros e inclusivos.
-CSIF alerta de graves carencias en la Administración General del Estado: el 80% del personal desconoce los protocolos y un 20% identifica casos en su entorno laboral.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reclamando la creación de la figura del delegado/a sindical especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género como herramienta de prevención y gestión de la violencia machista, tanto en el ámbito público como en el privado.
La violencia de género en España constituye una realidad inapelable, como lo demuestran las 38 mujeres (una de ellas en Castilla-La Mancha) y 3 menores que han sido asesinados en lo que va de año (datos a 23 de noviembre de 2025). Este dato dramático evidencia la necesidad de un mayor compromiso de toda la sociedad, instituciones, partidos políticos y administraciones en esta lucha, reforzar la política de ‘tolerancia cero’ contra cualquier tipo de agresión.
El delegado/a especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género estaría formado para detectar casos, canalizar problemas y ofrecer ayuda y seguimiento a las empleadas afectadas. Se trata de una figura fundamental que ayudaría a la prevención de esta lacra en el ámbito laboral, a lo que se suma iniciativas en igualdad y el impulso de medidas para garantizar entornos laborales inclusivos y seguros para las personas LGTBI+.
Además, exigimos una dotación adecuada de personal especializado en los juzgados especializados en violencia de género para garantizar una tramitación ágil y efectiva de los procedimientos, evitando que las víctimas queden desprotegidas. En el segundo trimestre de 2025 se registraron 1.799 denuncias por violencia de género en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha, un 6,2 por ciento más con respecto al mismo periodo del año anterior.
CSIF, en su compromiso social más firme en la lucha contra esta lacra, recuerda que todas sus sedes están habilitadas como ‘puntos violeta’ desde 2021.
Función Pública
CSIF alerta de que el 20% de las personas que trabajan en la Administración General del Estado (AGE) conoce en su entorno laboral al menos a una mujer víctima de violencia de género. Los datos, extraídos de una encuesta aleatoria realizada a 1.000 personas en distintos sectores de AGE, revelan una realidad que pone de manifiesto un flanco desatendido en la principal "empresa" del país.
Estos resultados deben ser un punto de inflexión para elaborar estudios más complejos que sirvan como referente en la lucha contra esta lacra social y laboral. De este dato podemos extraer que hay centenares de mujeres funcionarias y trabajadoras laborales en esta administración estaría viviendo una situación de violencia de género en silencio.
La encuesta revela que más del 80% de los/as empleados públicos de AGE desconoce en detalle o no tiene constancia de que exista un protocolo de actuación en su trabajo o de movilidad para víctimas de violencia de género. Esta cifra evidencia el déficit de formación, difusión y aplicación real de las medidas ya existentes, incluidas las del IV Plan de Igualdad acordado con CSIF.
En este sentido y tal como consideran el 89% de las personas encuestadas, la Administración debe reforzar la formación del personal para detectar y actuar ante posibles situaciones de violencia machista y poner freno así a este vacío existente en el ámbito laboral.
Es evidente que hay carencias profundas en la Administración cuando solo el 18% de las personas encuestadas considera que son suficientes las medidas actuales de protección y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral.
Son necesarios protocolos y medidas más específicas para proteger y acompañar a las trabajadoras víctimas de violencia de género en el centro de trabajo, como la movilidad, reserva de puesto, flexibilidad o apoyo psicológico, como así afirman el 66% de las personas consultadas.