Los trabajadores del centro penitenciario de el Dueso se concentran a las puertas de la prisión tras la brutal agresión a una funcionaria de Sevilla II
15 de julio de 2025
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, junto con ACAIP-UGT se ha concentrado este martes, 15 de julio, a las puertas del centro penitenciario de El Dueso tras la brutal agresión sexual a una psicóloga en la prisión de Sevilla II en un acto enmarcado en una protesta que se llevará a cabo en todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tras los graves hechos ocurridos el pasado 8 de julio en el Centro Penitenciario de Sevilla II (Morón), donde una psicóloga del centro fue agredida física y sexualmente durante una entrevista individual por un interno, con numerosos antecedentes por violencia y delitos sexuales, aunque permanecía, inexplicablemente, en un módulo de “respeto”.
Los sindicatos hacen hincapié en que no es un incidente aislado ya que, en los últimos años, se han multiplicado las agresiones sexuales y físicas a trabajadoras y trabajadores penitenciarios. En los centros penitenciarios españoles se produce una media de una agresión cada 16 horas, más de 1000 en los últimos dos años. Ante esta escalada de conflictividad, los sindicatos convocantes instan a los responsables a tomar medidas cuanto antes y exigen una respuesta eficaz e inmediata por parte de la administración: la revisión y mejora de la clasificación interior de los internos, la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso ante incidentes y el reconocimiento legal de agentes de autoridad de las empleadas y empleados públicos penitenciarios.
Estos hechos reflejan “un deterioro estructural del sistema penitenciario derivado de una clasificación interior buenista, que busca más el maquillaje estadístico que atender a una realidad penitenciaria en un contexto de aumento de población reclusa”, afirman. “Tolerarlo es normalizar la violencia institucional y vulnerar el derecho a un trabajo seguro. No se trata solo de apoyar a una compañera, sino de defender la dignidad, seguridad y condiciones laborales de todo el colectivo”.