CSIF Cantabria te informa de la publicación en el BOE del Decreto por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público

3 de diciembre de 2025

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, te informa de la publicación en el BOE de la publicación este miércoles del Real Decreto-ley para abonar la subida salarial del 2,5% para los funcionarios pactada para este año entre el Gobierno y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 14/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado de hoy miércoles, 3 de diciembre de 2025, que establece las subidas salariales del personal del sector público correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026. La norma responde al Acuerdo Marco para la mejora del empleo público firmado el 27 de noviembre por el Gobierno y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, que fija un marco de incrementos retributivos hasta 2028.

Subida del 2,5% en 2025
Para 2025, el decreto contempla un aumento consolidable del 2,5% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024. El incremento tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025 y se aplicará tanto al personal funcionario como laboral, incluidas las cuantías previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 y actualizadas previamente mediante el Real Decreto-ley 4/2024. Las administraciones determinarán cómo se abonarán los atrasos del año, aunque en el sector público estatal se pagarán en diciembre de 2025, con efecto retroactivo desde enero.

Subida del 1,5% en 2026 y posible alza adicional
Para 2026, el Real Decreto-ley fija un incremento consolidable del 1,5%, también con efectos desde el 1 de enero. A esta subida podría añadirse otra adicional del 0,5%, siempre que la inflación registrada en 2026 sea igual o superior al 1,5%. En ese caso, el pago se realizaría en el primer trimestre de 2027, previa aprobación por el Consejo de Ministros una vez publicados los datos del IPC por el INE.

El Gobierno justifica la aprobación del decreto-ley en la extraordinaria y urgente necesidad, derivada de la continuidad de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que impedía aplicar los incrementos retributivos comprometidos. Según la exposición de motivos, la norma es imprescindible para cumplir los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales y garantizar la actualización salarial de los empleados públicos. Al tener carácter básico, las disposiciones del decreto-ley se extienden a todas las administraciones públicas: estatal, autonómica y local. Asimismo, se habilita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para actualizar las cuantías correspondientes en 2025 y 2026 y dictar las instrucciones necesarias para su aplicación.

CSIF valora la aprobación del decreto que garantiza las subidas salariales de 2025 y 2026 para el personal público

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, subraya que esta norma “era imprescindible” para asegurar que el personal del sector público no vea bloqueado su salario por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que continúa en vigor ya que, con este decreto, el Ejecutivo hace posible la actualización retributiva comprometida en la negociación, que abarca un marco de cuatro años, entre 2025 y 2028.

El sindicato considera que el Gobierno ha atendido las demandas planteadas en la Mesa General de Negociación ante la imposibilidad de tramitar esta subida mediante una ley de Presupuestos. Por ello, CSIF valora que el decreto-ley “responde a la urgencia de proteger el poder adquisitivo de los empleados públicos” y cumple con los compromisos adquiridos en el acuerdo marco firmado recientemente. CSIF también destaca que el decreto tiene carácter básico, lo que garantiza su aplicación en todas las administraciones —estatal, autonómica y local— y evita inequidades retributivas entre territorios. Asimismo, la norma habilita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para actualizar las cuantías en 2025 y 2026 y para dictar las instrucciones necesarias para su correcta ejecución.

ARCHIVOS ADJUNTOS

COMPARTIR