CSIF denuncia ante Inspección de Trabajo el vacío de responsabilidad en la administración de medicación en el CAD de Laredo

El sindicato considera especialmente grave que se reclame esta actuación sin que exista un protocolo que determine claramente quién asume la responsabilidad si se produce un error, una reacción adversa o cualquier otra incidencia relacionada con la medicación.

Las trabajadoras han solicitado reiteradamente que esta situación se protocolice y que se determine hasta dónde llegan sus funciones y quién debe asumir la responsabilidad cuando no hay personal de enfermería en el centro. Sin embargo, según CSIF Cantabria, las respuestas recibidas no han aclarado la cuestión fundamental: si ocurre un problema cuando no hay personal de enfermería, ¿quién responde?

“Las trabajadoras no se niegan a colaborar. Lo que están reclamando es seguridad y claridad. Si se les exige facilitar una medicación, tienen derecho a saber quién supervisa esa actuación y quién asume la responsabilidad cuando aparece una incidencia”, señalan responsables del sindicato.

El sindicato recuerda que el personal TCAE y TSOS desarrolla funciones de colaboración y apoyo, pero considera que no puede quedar solo ante situaciones que requieren una valoración sanitaria. Así, puntualiza que una persona puede rechazar la medicación, tener dificultades para tragar, vomitar, sufrir una reacción adversa o que surjan dudas sobre la dosis o el medicamento. En esos casos, tiene que estar perfectamente definido quién decide y quién responde.

CSIF Cantabria denuncia, además, que, mientras las trabajadoras reclaman un protocolo que dé seguridad a profesionales y residentes, desde la dirección del centro se les estaría reprochando que estén instando a sus compañeras a no administrar la medicación, trasladándoles que “no pasa nada” por hacerlo.

“Si realmente no pasa nada, que lo pongan por escrito y que se determine quién asume la responsabilidad. Lo que no puede hacer la Administración es exigir una actuación y mantener al mismo tiempo un vacío sobre las consecuencias si algo sale mal”, denuncia la organización sindical.

La situación no es puntual. El sindicato ha documentado diferentes turnos sin cobertura de enfermería, entre ellos los días 14 y 24 de septiembre, y ha aportado a la Inspección los partes de incidencias y la comunicación presentada previamente por las trabajadoras ante la dirección del centro y el ICASS.

CSIF Cantabria reclama a la Inspección de Trabajo que investigue la organización de estos turnos, los protocolos existentes y las condiciones en las que se está requiriendo al personal auxiliar que facilite la medicación. Asimismo, exige al ICASS que garantice la presencia de personal de enfermería y establezca de forma inmediata un protocolo claro que determine las funciones del personal TCAE y TSOS, la supervisión necesaria y quién asume la responsabilidad ante cualquier incidencia.

El sindicato recuerda que la administración de medicación a personas dependientes requiere unas funciones claramente delimitadas, una supervisión adecuada y un protocolo que establezca cómo actuar ante cualquier incidencia. La ausencia de instrucciones claras puede generar situaciones de inseguridad tanto para las personas residentes como para las trabajadoras, que no deben verse obligadas a asumir funciones o responsabilidades sin saber con certeza cuáles son sus competencias.

CSIF Cantabria recuerda, además, que existen resoluciones judiciales que ponen de manifiesto las graves consecuencias que puede tener una administración incorrecta de la medicación, así como la importancia de delimitar las funciones del personal auxiliar y garantizar una adecuada organización y supervisión. Aunque las circunstancias y las responsabilidades analizadas varían de un caso a otro, estas resoluciones refuerzan la necesidad de establecer procedimientos claros que permitan prevenir errores y determinar cómo actuar ante cualquier incidencia.

Por ello, el sindicato insiste en que el ICASS debe actuar de inmediato, garantizar la cobertura de enfermería y establecer un protocolo que determine qué actuaciones corresponden a cada categoría profesional, en qué condiciones deben realizarse, quién debe intervenir ante cualquier duda o incidencia y quién asume la responsabilidad correspondiente. El objetivo es garantizar la seguridad de las personas residentes y de las propias profesionales.

 

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