JUBILACIÓN PARCIAL: LOS HECHOS NO SE PUEDEN REESCRIBIR

En los últimos días hemos visto cómo algunas organizaciones sindicales intentan presentar el retraso en la implantación de la jubilación parcial y del contrato de relevo en la Administración de Cantabria como una responsabilidad exclusiva del Gobierno regional. Es evidente que ahora corresponde al Ejecutivo dar los pasos necesarios para hacerlo efectivo, pero también es necesario recordar cómo se llegó hasta esta situación.

Conviene recordar el origen del problema

En 2024, UGT y CCOO suscribieron el acuerdo que dio lugar al Real Decreto-ley 11/2024. Aquella regulación dejó fuera a las Administraciones Públicas de la aplicación efectiva de la jubilación parcial, impidiendo que miles de empleados públicos laborales pudieran acceder a este derecho.

Desde el primer momento, CSIF mostró su rechazo a esa exclusión. Mientras otros respaldaban el acuerdo, nuestra organización denunció las consecuencias que tendría para el personal laboral de las administraciones, impulsó iniciativas para corregir la norma, defendió esta reivindicación en todos los ámbitos de negociación y promovió las actuaciones necesarias para revertir una situación claramente injusta.

Ese trabajo continuado ha contribuido a que hoy exista un marco legal que permite recuperar la jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones Públicas.

Por eso sorprende que quienes participaron en el acuerdo que originó el problema intenten ahora presentarse como los principales impulsores de la solución.

Ahora es el momento de actuar en Cantabria

La modificación de la normativa estatal elimina el obstáculo legal que impedía aplicar este derecho. En consecuencia, el Gobierno de Cantabria debe impulsar sin más demora las actuaciones necesarias para hacer efectiva la jubilación parcial del personal laboral, adaptando la regulación vigente y dotando los recursos que resulten precisos.

CSIF ya ha trasladado esta exigencia a la Administración y continuará defendiendo que este derecho se implante cuanto antes, sin retrasos injustificados y con todas las garantías para los trabajadores.

No se puede ignorar la responsabilidad de quienes provocaron el bloqueo

Durante el tiempo en que estuvo vigente la regulación aprobada en 2024, las Administraciones Públicas no disponían del respaldo legal necesario para reconocer este derecho en los términos que reclamaban los trabajadores. Esa situación fue consecuencia directa de una norma que excluyó expresamente al sector público.

No fue una casualidad ni una decisión unilateral de las comunidades autónomas. Fue el resultado de un acuerdo firmado por quienes hoy intentan situarse al margen de aquella decisión.

Por eso no resulta aceptable trasladar toda la responsabilidad a la Administración de Cantabria, olvidando deliberadamente el origen del problema. La realidad es que quienes respaldaron aquella regulación también deben asumir las consecuencias que tuvo para miles de empleados públicos.

Los trabajadores merecen información completa

CSIF ha mantenido una posición firme y coherente desde el inicio. Rechazó la regulación que dejaba fuera a las Administraciones Públicas, denunció sus efectos, trabajó para modificarla y, una vez eliminados los obstáculos legales, exige que la jubilación parcial sea una realidad cuanto antes en la Administración de Cantabria.

Ahora existen las condiciones legales para hacerlo posible y ya no caben más demoras. Es el momento de que el Gobierno de Cantabria adopte las medidas necesarias para garantizar este derecho al personal laboral.

La recuperación de la jubilación parcial supone un avance importante, pero el trabajo no termina aquí. CSIF seguirá reclamando que este derecho se extienda también al personal funcionario y estatutario, porque nuestro compromiso sigue siendo el mismo: defender los derechos de todos los empleados públicos con independencia de su vínculo jurídico.