CSIF Cantabria exige a la Administración de Cantabria seriedad y transparencia en la implantación del teletrabajo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha presentado un escrito dirigido a la Dirección General de Función Pública en el que acusa de falta de interés y transparencia a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria, tras la finalización, hace ya varios meses, del proyecto piloto de implantación del teletrabajo en la Administración Autonómica.

Xabier Rodríguez, delegado de CSIF Cantabria en la Junta de Personal del Gobierno de Cantabria, denuncia que “a pesar de haber concluido dicho proyecto, destinado a analizar la viabilidad y efectividad del teletrabajo en la prestación de los servicios públicos, la Administración no ha convocado la comisión de seguimiento ni ha facilitado información alguna a las organizaciones sindicales, tal y como establece el Decreto 8/2024, de 22 de febrero, que regula esta modalidad no presencial de trabajo”.

Desde CSIF Cantabria Autonómico, se subraya que la implantación del teletrabajo es una herramienta que, si se gestiona con responsabilidad, mejora la calidad de los servicios públicos, la eficiencia en la gestión administrativa y el compromiso de los empleados públicos, al tiempo que permite una mejor conciliación laboral y personal. “Así lo ha demostrado el proyecto piloto impulsado por la propia Administración”, señalan desde el sindicato. Sin embargo, la inacción y el silencio de la consejera de Presidencia evidencian una “preocupante falta de voluntad política para avanzar en la modernización de la Administración”.

Desde el sindicato, “llevamos meses reclamando la convocatoria de la Mesa de Seguimiento y reiteramos nuestra petición de seriedad y rigor a la directora general de Función Pública, a quien exigimos que se facilite la información pendiente y se active, sin más dilación, el desarrollo efectivo del teletrabajo”.

El delegado de CSIF Cantabria considera que “no es de recibo que, transcurrido un plazo más que razonable desde la finalización del proyecto piloto, la Dirección General aún no haya cumplido con sus obligaciones legales. Esto puede interpretarse como una estrategia para aplazar o incluso impedir la implantación del teletrabajo, en contra del interés general y de la mejora en la atención a la ciudadanía”. Y concluye: “no permitiremos retrocesos en un derecho ya regulado y avalado por la experiencia. Si el Gobierno de Cantabria continúa bloqueando su implantación, acudiremos a los tribunales para exigir el cumplimiento del Decreto y defender los intereses de los empleados públicos y de los ciudadanos, quienes también se benefician de unos servicios más ágiles, eficaces y modernos”.