🚨 LEY DE AUTORIDAD DOCENTE: UNA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA PROTEGER AL PROFESORADO
22 de octubre de 2026
NOTA DE PRENSA CSIF
EL PARLAMENTO DE CANARIAS SE BURLA DEL PROFESORADO CON LA LEY DE AUTORIDAD DOCENTE
CSIF-USPS denuncian que la norma no garantiza servicios jurídicos y psicológicos especializados ni crea un Observatorio que controle el cumplimiento de las medidas por parte del Gobierno.
Canarias, 20 de octubre de 2026. CSIF Educación Canaria considera una tomadura de pelo al profesorado la aprobación de la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado Canario. Tras un año y casi cinco meses de tramitación, el Parlamento de Canarias aprueba una norma que no aporta soluciones reales al colectivo docente. El sindicato responsabiliza a los grupos que sustentan al Gobierno de impulsar una ley que no responde a las necesidades del profesorado ni introduce avances reales.
CSIF-USPS ya denunció en sede parlamentaria que la ley no respondía a las necesidades docentes y calificó de vergonzosa la actitud de los grupos parlamentarios. Advirtió de que podía convertirse en una declaración de buenas intenciones, una cortina de humo para ocultar la realidad de los centros y acallar las reivindicaciones docentes. Por ello, presentó 11 enmiendas, incluida la creación de una Unidad Administrativa Especializada de Apoyo al Profesorado, con asistencia jurídica y psicológica ante agresiones, amenazas, acoso y conflictos profesionales. Sin embargo, los grupos que sustentan al Gobierno rechazaron las propuestas presentadas por nuestra organización.
La legislación canaria ya reconoce al profesorado como autoridad pública y contempla sus derechos de asistencia jurídica y psicológica. ¿Qué sentido tiene aprobar una nueva ley si no amplía esas garantías ni aporta medidas efectivas? Para CSIF-USPS, una norma que no mejora la protección existente, carece de servicios especializados y no establece mecanismos de control convierte la autoridad docente en una operación de imagen política, sin responder a las necesidades reales del profesorado.
CSIF-USPS también propuso crear un Observatorio que vigilara el cumplimiento de la ley. Al rechazarlo, el Parlamento renuncia a su función de controlar la acción del Gobierno y supervisar el cumplimiento de los mandatos parlamentarios. Esta decisión evidencia que los grupos promotores priorizan la propaganda política frente a la protección real del profesorado y que el Parlamento no cumple con su cometido de vigilar la aplicación de sus propias iniciativas y exigir responsabilidades al Gobierno. Sin seguimiento ni control, las medidas pueden quedar en papel mojado y el profesorado seguirá sin garantías efectivas.
CSIF-USPS rechazamos una ley que reconoce una autoridad ya contemplada en la legislación, pero no aporta garantías adicionales. Los docentes no necesitan placas ni porras policiales para ejercer su autoridad; necesitan respeto, reconocimiento y protección real y efectiva. La autoridad no se impone mediante símbolos, sino con medidas concretas frente a agresiones, amenazas y situaciones de acoso. Esta ley demuestra que sus promotores priorizan la instrumentalización política frente a la protección del profesorado.
El profesorado necesita hechos, no propaganda política. Sus señorías han desaprovechado la oportunidad de garantizar una protección efectiva a los docentes. Menos postureo y más responsabilidad: cuando la política se convierte en espectáculo, quienes deberían dar ejemplo acaban haciendo el ridículo a costa de quienes sostienen la educación pública.
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