Ambas organizaciones recuerdan que el pasado mes de mayo solicitaron formalmente la apertura urgente de una mesa de negociación que permitiera abordar la actualización de los complementos autonómicos del profesorado, congelados desde 2018, así como la situación retributiva de los equipos directivos y de la inspección educativa. Sin embargo, transcurrido más de un mes desde dicha solicitud, la Administración educativa no ha convocado ninguna reunión ni ha mostrado disposición para abrir un proceso de diálogo.

CSIF y USPS denuncian que esta falta de interlocución resulta especialmente grave en un contexto en el que el profesorado canario acumula una pérdida de poder adquisitivo estimada en torno al 25% en conceptos como sexenios, tutorías y coordinaciones. Una situación que afecta directamente al reconocimiento profesional de miles de docentes y repercute en la calidad del sistema educativo público.

Los sindicatos destacan igualmente la situación de los equipos directivos de los centros educativos, cuyos complementos se encuentran entre los más bajos del Estado, así como la de la inspección educativa, cuyas responsabilidades y exigencias profesionales han aumentado considerablemente durante los últimos años sin una adecuación retributiva acorde.

Las organizaciones sindicales consideran incomprensible que, en una comunidad autónoma que registra crecimiento económico, incremento de la recaudación y estabilidad presupuestaria, el Gobierno de Canarias mantenga bloqueada cualquier negociación destinada a corregir una situación que se prolonga desde hace años.

Ante esta falta de respuesta, CSIF y USPS han acordado iniciar un proceso de movilización que comenzará con el arranque del curso 2026-2027. En las próximas semanas se dará a conocer un calendario de acciones reivindicativas destinadas a exigir la apertura inmediata de una mesa de negociación y la actualización de los complementos retributivos del profesorado canario.

Los sindicatos reiteran que su voluntad sigue siendo alcanzar soluciones mediante el diálogo y la negociación, pero advierten de que no permanecerán impasibles ante el silencio de la Administración y la pérdida continuada de derechos económicos del profesorado.