CSIF consigue que el Gobierno actualice la Indemnización por Residencia

Palma, 30 de junio de 2026. Las cuantías de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal destinado en Baleares se actualizarán en el plazo máximo de 6 meses, y previa negociación colectiva, según consta en la disposición adicional del Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio de Función Pública ha convocado la comisión técnica para abordar la actualización de la indemnización por residencia el próximo jueves, día 2 de julio. CSIF acudirá al encuentro con el firme propósito de agilizar el incremento de las cuantías de acuerdo al coste real de la vida en Baleares, así como extenderlo a todos los territorios afectados.

Se trata de una reivindicación histórica de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas. Así, tal como reclamábamos, el decreto constata que la insularidad supone unas condiciones especiales derivadas del mayor coste de la vida, las dificultades de movilidad, el acceso a la vivienda y otros factores que afectan de forma directa a la prestación de los servicios públicos. Asimismo, reconoce que el desfase existente entre el coste real de residir en Baleares y las cuantías actuales de la indemnización dificultan la captación y permanencia de empleados públicos, comprometiendo la estabilidad y la calidad de servicios esenciales. 

En relación con el personal de la Administración local, la actualización de las cuantías debe ajustarse también a lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que dispone que las indemnizaciones por residencia del personal al servicio de las corporaciones locales que tengan derecho a ellas serán las mismas que correspondan al personal al servicio de la Administración del Estado. Por ello, una vez que, tras el proceso de negociación previsto en el Real Decreto-ley, se aprueben las nuevas cuantías de la indemnización por residencia para el personal del Estado, los funcionarios de la Administración local que tengan reconocido el derecho a percibir esta indemnización verán igualmente mejorada esta retribución, conforme a lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 861/1986.

Por otra parte, CSIF exige al Gobierno que regule también la jubilación parcial para funcionarios y estatutarios (personal de la sanidad), bloqueada desde 2012, tras recuperar este derecho para el personal laboral, así como para el personal de las empresas públicas. El Gobierno deja este tema pendiente de la tramitación en el Congreso de la Ley de Función Pública cuya tramitación está encallada por la falta de apoyos del Gobierno.

El Gobierno aprobó ayer el Real Decreto-Ley, que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral y fija el plazo máximo de seis meses para revisar la indemnización de residencia, gracias a las presiones ejercidas por nuestra organización.

La jubilación parcial del personal laboral era un derecho bloqueado con la última reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024), derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas (la nueva regulación exigía que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo, fórmula incompatible en la práctica con la aplicación de este derecho en la Administración).