El presidente de CSIF, Miguel Borra, se reúne con la presidenta de Baleares, Marga Prohens, para abordar la situación límite de los servicios públicos en las islas

4 de junio de 2025

CSIF exige que la Conferencia de Presidentes aborde las preocupaciones de las/os empleados públicos: subida salarial, Oferta de Empleo Público sin tasa de reposición y abuso de la temporalidad.

El presidente de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, se desplaza mañana a Palma para analizar la situación de los servicios públicos en Baleares, que ha alcanzado puntos críticos por la falta de personal. Miguel Borra se reunirá a las 14.00 horas con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat de Mar. Previamente, participará en la reunión del Consejo Autonómico de CSIF-Baleares, que se celebrará a la 10.30 horas en la sede del sindicato en Palma.

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, acompañado del presidente del sindicato en Baleares, Luis Apolinar,  trasladará a la presidenta del Govern, Margalida Prohens, la grave situación en la que se encuentran los juzgados, la DGT, el Servicio Público de Empleo (SEPE), o la Policía Nacional y la Guardia Civil, para que lo eleve a la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo viernes.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios exige medidas inmediatas para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos en las islas, donde apenas se cubren la mitad de las plazas previstas. Es imprescindible incrementar la indemnización de residencia para TODOS los empleados públicos de Baleares, incluida la Administración General del Estado y la Administración Local.

CSIF reclama la equiparación con la indemnización de residencia que perciben los empleados públicos en Ceuta. De lo contrario, seguirán quedando desiertas las convocatorias para ocupar plazas públicas en Baleares. Al coste de la insularidad, hay que sumar la congelación salarial que padecen los empleados públicos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denuncia que el gobierno retiene ya 40 millones de euros a los empleados públicos en Baleares por la congelación salarial y la deuda pendiente del 0,5 por ciento desde 2024.

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