CSIF exige una vivienda digna para el profesorado: enseñar no puede costar dinero

Dña. Carmen Susín Gabarre
Consejera de Educación, Ciencia y Universidad de Aragón

Excma. Sra. Consejera:
En representación del sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Aragón, me dirijo a usted para trasladar la urgente necesidad de abordar la problemática del acceso a la vivienda y la movilidad que afecta de forma directa y continuada al personal docente de nuestra comunidad autónoma. Con esta misma fecha, la Presidencia Nacional de CSIF Educación ha registrado formalmente una petición ante la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, instando al Gobierno de la Nación a modificar el artículo 2 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, con el fin de reconocer expresamente al profesorado destinado en zonas tensionadas, rurales o de difícil desempeño como colectivo prioritario de protección en la política estatal de vivienda, así como a liderar un marco de acuerdo en la Conferencia Sectorial de Educación.

La escalada inasumible de los precios del alquiler, el encarecimiento de los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda y el incremento general del coste de la vida están provocando situaciones de grave precariedad residencial entre el profesorado destinado fuera de su residencia habitual. La movilidad geográfica inherente a la función docente no puede seguir traduciéndose en una pérdida encubierta de poder adquisitivo, obligando a los profesionales a costear de su propio bolsillo los gastos derivados del servicio o forzándoles a renunciar a plazas ante la imposibilidad de encontrar un alojamiento digno y asequible. Esta situación ya no es solo un problema laboral: compromete directamente la calidad, la equidad y la continuidad del servicio público educativo en nuestros centros.
Esta realidad evidencia las limitaciones del marco normativo estatal actual. La citada Ley 12/2023, en su artículo 2 —que fija los fines comunes de la acción de los poderes públicos en materia de vivienda—, presta atención específica a colectivos vulnerables o a la corrección de desequilibrios territoriales, pero ignora por completo a quienes sostienen los servicios públicos esenciales en esos mismos territorios. De igual modo ocurre en el marco del Plan Estatal de Vivienda. Sin embargo, dado que nuestra comunidad autónoma ostenta competencias plenas y directas tanto en materia de vivienda como en la gestión del personal docente, no podemos supeditar la adopción de soluciones a los tiempos de una reforma estatal. Es responsabilidad del Gobierno autonómico aplicar y desarrollar la legislación de vivienda con criterios propios que reconozcan expresamente al personal docente como colectivo de atención preferente en la planificación y ejecución de las políticas públicas autonómicas.

Por todo ello, y en consonancia con la iniciativa ya formalizada ante el Ministerio de Educación, desde CSIF Educación exigimos la convocatoria inmediata de una mesa técnica de negociación en el marco de la Mesa Sectorial de Educación para acordar un plan autonómico integral de vivienda y movilidad docente, coordinado con la Consejería competente en materia de vivienda. Dicho plan debe recoger, con carácter prioritario, la reserva de cupos específicos para el profesorado en los parques públicos y promociones de alquiler asequible de nuestra comunidad —especialmente en zonas declaradas de mercado residencial tensionado al amparo de la Ley 12/2023—, ayudas directas al alquiler y a las cuotas hipotecarias frente a la subida de los tipos de interés, y convenios institucionales para facilitar el acceso a créditos preferentes de adquisición de vivienda habitual.

Asimismo, este plan debe comprometer a la Administración educativa autonómica a habilitar viviendas de uso docente en los municipios rurales y plazas de difícil desempeño, en estrecha colaboración con los ayuntamientos, como medida indispensable para fijar, atraer y estabilizar plantillas, complementando esta actuación con complementos retributivos específicos que compensen la carestía de la vida y el aislamiento territorial. 

Por último, demandamos la actualización real, suficiente y automática de las indemnizaciones autonómicas por kilometraje, dietas e itinerancias, reforzando las coberturas y pólizas de seguro en los desplazamientos por razón del servicio, garantizando unas condiciones verdaderamente dignas tanto para enseñar como para vivir en nuestra comunidad autónoma.
A la espera de su pronta respuesta y de la correspondiente convocatoria negociadora, reciba un cordial saludo.