CSIF exige que el anteproyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027 refleje y garantice las partidas para cumplir los acuerdos firmados en la anterior legislatura

• El sindicato lamenta que el texto haya llegado a la Mesa General sin cuantías presupuestarias y con disposiciones clave vacías, lo que impide su análisis
• Rechaza que se mantenga un modelo restrictivo para la contratación de personal y que se debiliten servicios como sanidad y educación mientras se apuesta por fórmulas privadas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha mostrado su profundo malestar por el modo en que, una vez más, el Gobierno andaluz ha presentado este jueves a la Mesa General de Negociación el anteproyecto de Ley del Presupuesto para 2027, “ya que el documento llega incompleto, sin cifras concretas y con disposiciones esenciales vacías de contenido”.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha manifestado que “el déficit documental de esta sesión podría vulnerar la buena fe negocial al dificultar un análisis profundo del anteproyecto”; asimismo, el responsable sindical ha lamentado que, pese a que la Administración andaluza haya presentado el anteproyecto de Ley como expansivo a nivel macroeconómico, este documento “consolida la contención del gasto público, así como la excesiva burocracia para responder de forma adecuada e inmediata a necesidades de plantillas en contextos donde la urgencia es determinante para su eficacia”.

Moreno ha confiado en que el futuro trámite de enmiendas pueda incorporar las referencias a las cuantías relacionadas con los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales al final de la anterior legislatura.

 

Empleo público y servicios esenciales

En materia de personal, CSIF ha mostrado su rechazo a que el Ejecutivo andaluz mantenga un modelo restrictivo, en el que la tasa de reposición sigue siendo el techo y cualquier contratación temporal o interina requiere autorización previa de Hacienda. Esta política “ahoga la gestión de los servicios esenciales y perpetúa el déficit de plantillas en sanidad, educación, justicia y Administración General”.

En el ámbito sanitario, CSIF ha criticado que el documento no prevea ningún aumento retributivo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que se mantengan congelados los complementos específicos y de atención continuada, lo que repite el esquema de años anteriores. El incremento anunciado en Mesa, a juicio de CSIF, es “claramente insuficiente” para dar respuesta a las carencias de medios y de personal del SAS y “mucho menos compartimos que se sigan externalizando determinados servicios a la sanidad privada, debilitando así el sistema público, y sin planificación alguna para corregir el déficit estructural”, ha apostillado Moreno.

En cuanto a retribuciones del personal del SAS, CSIF también ha reclamado “que se recoja la incorporación en sus pagas extras de una mensualidad del complemento de carrera profesional con la misma literalidad que para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía”.

En el caso de los sectores de educación, justicia y Administración General, el presupuesto “no contempla refuerzos estructurales ni medidas para reducir la sobrecarga de trabajo o para combatir la precariedad laboral”; sin embargo, el Gobierno andaluz sigue consolidando la educación concertada en contra de destinar la financiación necesaria a la educación pública, lo que evidencia claramente las preferencias del Ejecutivo.

CSIF ha exigido la retirada del anteproyecto de la disposición octava que se propone, a través de la cual se pretende modificar la Ley de Función Pública Andaluza y con vigencia indefinida, ya que, “de permanecer en el texto, se plantea un escenario de inseguridad jurídica para las empleadas y empleados públicos y la percepción de las pagas extras en los términos en que se venía haciendo”.

De igual manera, el sindicado ha solicitado “la supresión del artículo 23.2, pues habilita a las consejerías de Salud y de Educación a imponer nombramientos de personal interino y sustituciones con horarios inferiores a los establecidos con carácter general, con la consecuente reducción proporcional de sus retribuciones, así como las trabas burocráticas e informes previos vinculantes de Hacienda para la cobertura urgente de vacantes, sustituciones y programas temporales en el Sector Público Instrumental”.

CSIF, además, ha denunciado el mantenimiento injustificado de los recortes de la Ley 3/2012 de medidas financieras, ya que “incluso el propio Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía advierte que mantener estos recortes carece de justificación jurídica” ha apostillado Moreno, “pero, sin embargo, sí se suprime expresamente el artículo 18, que incidía sobre la adecuación que también venía manteniéndose en los conceptos retributivos que percibe el personal directivo.”

Por esta misma ley se detrajo a las empleadas y empleados públicos andaluces la parte autonómica de las pagas extras de 2013 y 2014, aspecto al que CSIF no piensa renunciar y que le ha llevado a impulsar una Iniciativa Legislativa Popular, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, “que nos conduzca a restaurar los derechos retributivos perdidos por los empleados públicos”.