CSIF denuncia que la Junta privatice el servicio de vigilancia portuaria en Andalucía, que se traduce en destrucción de empleo público y un mayor gasto

• El sindicato advierte de que la Administración andaluza pone en manos de personal de la empresa privada funciones consignadas a la policía portuaria  
• Critica el incremento del 25 % con respecto al coste de la gestión directa y acusa a la Agencia Pública de Puertos de tomar decisiones al margen de los representantes de los trabajadores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el Comité Intercentros de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha denunciado que la Junta de Andalucía privatice el servicio de vigilancia portuaria en los puertos de su competencia, después de que haya sacado a licitación la contratación de estas prestaciones.

El sindicato ha criticado que la Junta al externalizar este servicio, ponga en manos de personal de la empresa privada funciones consignadas a la policía portuaria. Estos últimos profesionales desarrollan tareas vinculadas a la seguridad, vigilancia y control dentro del recinto portuario y son los únicos con autoridad para denunciar y levantar actas por incumplimientos relacionados con la normativa portuaria. De este modo, CSIF ha alertado de que, si no se frena la privatización de estos servicios de control y vigilancia en estos espacios, el control de seguridad no se haría con garantías, al carecer el nuevo personal de las competencias necesarias.

Además, la Central Sindical ha acusado de deslealtad a la Administración andaluza porque ha tomado una decisión que afecta directamente a las y los empleados públicos al margen de los representantes de los trabajadores, sin información ni comunicación previa. 

  CSIF se ha reunido recientemente con la dirección de la APPA para mostrar su rechazo a la privatización del servicio y le ha advertido de que, cuando se adjudique el servicio de vigilancia a una empresa externa, habría un cambio sustancial en la naturaleza de las funciones que actualmente son desempeñadas por personal de la Administración pública. Frente a ello, la externalización trasladaría estas tareas a personal de empresas privadas, con un ámbito laboral y unas garantías diferentes.

La Central Sindical también ha rechazado que con la decisión unilateral de la Junta, desaparece la categoría profesional de Policía Portuaria que trabaja en los puertos andaluces.  

CSIF ha expresado su preocupación por el hecho de que trabajadores externos puedan asumir tareas de vigilancia de instalaciones, actividades y espacios portuarios que conllevan determinados niveles de riesgo, al considerar que el carácter público de estas funciones aporta unas garantías y un régimen de responsabilidades específicos. En caso de producirse un incidente durante el desempeño de su labor, las obligaciones derivadas de la relación laboral y empresarial recaerían en la compañía adjudicataria, conforme a la normativa vigente, y no en la Junta.

Aumento del déficit estructural de plantilla

Asimismo, la Central Sindical ha denunciado que la externalización que persigue la Junta supondría destruir empleo público y, con ello, debilitar aún más la estructura de la Administración andaluza y renunciar a la consolidación de plantillas estables y especializadas. En la actualidad, el déficit estructural de plantilla de la APPA es del 30 %, una situación denunciada por el sindicato en múltiples ocasiones en las concentraciones convocadas en los últimos meses en defensa de mejores condiciones laborales para el personal y para reclamar la negociación de un nuevo convenio colectivo.

El sindicato ha lamentado que la Junta vaya a usar dinero público para sufragar el coste de la contratación de una empresa privada, cuando estos servicios se vienen realizando desde hace años por parte de las y los empleados públicos de la Policía Portuaria. CSIF ha manifestado que la externalización tampoco tiene justificación desde el punto de vista económico ya que, teniendo en cuenta los cálculos realizados por el sindicato, la adjudicación a una empresa privada de las tareas de vigilancia supone un incremento aproximado del 25 % respecto al coste de la gestión directa por parte de la Administración, por lo que, “no supone ahorro alguno para las arcas públicas, sino todo lo contrario”.